La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) está recopilando y analizando todas las quejas de agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias, denunciando el “acoso y atropello” que están sufriendo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ante esta situación, desde AIVE solicitan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiguen desde la fecha en la que el Acuífero 23 se declaró sobreexplotado (1987) a qué se ha destinado el dinero recaudado con las sanciones impuestas, demandando “transparencia y auditorías”.
Asimismo, rechazan los recortes de agua para riego durante este periodo, pasando desde dotaciones de 7.500 metros cúbicos por hectárea a 1.270, “con el fin de sancionar y recaudar y asfixiar a agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias”.
AIVE defiende que el sector primario es “imprescindible” en Castilla-La Mancha, por la producción de alimentos, por la generación de riqueza y por combatir la despoblación, que azota a buena parte de la región.
Por ello, califican su actuación de “falta de respeto, atropello y fin recaudatorio”, exigiendo la justificación del destino de los cientos de millones de euros obtenidos de los pagos de las sanciones, “sin conocer a qué se destinan”, por lo que creen que se puede tratar de “un posible fraude que está cometiendo el personal que gestiona el Acuífero 23 (ahora Mancha Occidental) de la Confederación Hidrográfica del Guadiana”.
