La Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha abierto una investigación contra un varón español de 50 años como presunto autor de un delito contra la fauna silvestre, tras la destrucción de diez nidos de golondrina común (Hirundo rustica) que contenían crías en su interior. Los hechos ocurrieron en un garaje comunitario del municipio toledano de Recas, durante el periodo de nidificación de esta especie protegida.
Gracias a la colaboración ciudadana, agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de Toledo pudieron comprobar in situ el derribo de los nidos, localizando varios polluelos muertos en el suelo. Según ha informado la Guardia Civil, tres crías pudieron ser recuperadas con vida y están siendo reintroducidas en su hábitat natural.
Un delito contra especies protegidas
Tras identificar al presunto responsable, los agentes han tramitado diligencias contra él por un delito contra la fauna, recogido en el artículo 334.1 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, por la destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.
La golondrina común figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que su protección está especialmente reforzada por la legislación vigente.
Posibles sanciones administrativas
Más allá de la vía penal, la destrucción de nidos puede suponer también una infracción administrativa según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que prohíbe dañar o destruir nidos, incluso cuando estén vacíos o fuera del periodo reproductivo. En este sentido, la sanción puede llegar hasta los 200.000 euros, en función del grado de afectación al medio natural.
La Guardia Civil ha recordado que, en caso de necesitar retirar nidos de especies protegidas, la única vía legal es solicitar autorización a los órganos autonómicos competentes en materia de medio ambiente, quienes valorarán la petición y, si procede, encargarán la retirada a una empresa especializada y autorizada. Esta actuación, además, debe respetar el periodo de cría para evitar la afectación directa a las aves.
Con esta actuación, la Guardia Civil insiste en su compromiso con la protección de la fauna silvestre y hace un llamamiento a la ciudadanía para denunciar este tipo de acciones, que suponen un grave perjuicio para la biodiversidad.
