El Ministerio de Sanidad llevará a la Comisión de Salud Pública del próximo jueves su plan antitabaco que propone prohibir fumar y vapear en «determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre» y en otros privados en presencia de menores, así como aumentar su precio.
La intención del departamento que dirige Mónica García es «seguir incrementando estos espacios libres de emisiones y así conseguir que una persona no fumadora pueda desempeñar su día a día sin verse expuesta», tal y como argumenta en el borrador del «Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027».
Se trata de un borrador preliminar en el que han participado sociedades científicas y entidades relacionadas con el ámbito del tabaquismo y que aún debe ser sometido a juicio de los directores generales de Salud Pública que se reunirán el próximo jueves, pero en él Sanidad deja clara su apuesta por reducir la prevalencia de consumo de tabaco y avanzar en actuaciones «frente al desafío de los productos emergentes».
Compuesto de 5 metas y 22 objetivos, el documento recuerda que gran parte de las medidas deberán materializarse en una reforma de la actual ley antitabaco que «el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en la presente legislatura».
Sin humo y sin aerosoles
El documento rescata en buena parte el plan anterior que se culminó hace casi dos años pero que nunca llegó a aprobarse, proponiendo aumentar los espacios públicos sin humo, aunque sin detallar cuáles, como sí hacía su antecesor que especificaba la prohibición de fumar en playas y vehículos particulares en presencia de menores.
De esta forma, aboga por la ampliación legislativa de los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos y productos relacionados en «determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre y en ciertos espacios del ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores».
En estos espacios privados, explica, hay que «hacer hincapié en la concienciación sobre fumar en espacios privados cuando se convive con alguien más (tanto en el hogar, coche etc.) y especialmente en el caso de niños y niñas y personas con problemas de salud».
También considera fundamental ser conscientes de las nuevas formas de consumo de nicotina a través de cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado y disminuir su atractivo, especialmente entre la población joven.
«El objetivo de estos productos es intentar hacer un lavado de cara del consumo de nicotina», y resultan «especialmente» atractivos para la juventud al dar «una imagen más tecnológica y transmitir la sensación de que disminuyen el riesgo para la salud».
Por ello, el plan propone «equiparar su promoción y publicidad a la de las formas de consumo más tradicionales» y regular la venta y consumo tanto de los dispositivos que utilicen líquidos, cartuchos o recambios con nicotina como los que no, ya que son estos últimos «la puerta de entrada al consumo de tabaco y la adicción posterior» y los que más usan los jóvenes.
Junto a cigarrillos electrónicos y vapeadores, el documento recoge como nueva forma de consumo las pipas de agua, shishas o cachimbas, cuyo uso se produce fundamentalmente en entornos de ocio. «Se trata de una realidad que es necesario regular al tratarse de una fuente de consumo ocasional y puerta de entrada a un consumo más regular y a la adicción en etapas sucesivas y que presenta riesgos añadidos al del consumo de tabaco», zanja.
Por último, también emplaza a tener en cuenta la relación entre el consumo de tabaco y cannabis en este grupo de población.
Aumento del precio del tabaco
Entre otras medidas legislativas, el plan plantea revisar la cuantía de las sanciones e impulsar el establecimiento de medidas fiscales, en concreto el aumento de los tipos impositivos del tabaco para aumentar así su precio y promover la creación de una nueva figura impositiva que establezca un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina.
Además, introduce el empaquetado genérico y la prohibición de aditivos que confieren aromas en tabaco y productos relacionados, algo que ya puso en marcha recientemente el Ministerio de Sanidad.
No olvida tampoco el impacto medioambiental del tabaco y sus derivados: «La presencia de colillas en los espacios urbanos y en espacios naturales es signo de consumo de tabaco y aumenta su visibilidad, contribuyendo a la normalización de conductas y a la aceptación social de las mismas».
Por eso plantea una colaboración con los ayuntamientos para impulsar el desarrollo de ordenanzas municipales de prohibición de arrojar colillas en vías públicas y espacios naturales.
A las colillas se suman los residuos que generan los dispositivos electrónicos por sus componentes eléctricos, que «no están exentos de riesgos potenciales para la salud pública» y que deberían ser considerados también contaminantes derivados de la adicción a la nicotina.
Sanidad tiene como meta también fomentar el abandono del hábito a las personas fumadoras, y para ello sugiere incluir en la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud la intervención en tabaquismo en el ámbito hospitalario y modificar los criterios de inclusión para acceder a los fármacos financiados -actualmente sufraga un solo un intento anual a los consumidores de al menos 10 cigarrillos diarios que hayan probado a dejarlo en el último año-.
Por último, quiere incorporar aquellos que, atendiendo a la evidencia científica, son adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco.