Un matrimonio será juzgado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia de Ciudad Real, acusado de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidos en su domicilio en Manzanares con distintas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas a la venta de terceros, por lo que se enfrentan a una pena de cárcel de cinco años de prisión, cada uno.
Así figura en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, donde se recoge que los acusados fueron sorprendidos cometiendo estos actos ilegales durante la Operación Toer, iniciada a raíz de la investigación en una operación antidroga que se desarrolló en el último trimestre de 2021 y el primer trimestre del año 2022 en las localidades de Manzanares y La Solana.
Como consecuencia de esta investigación, los agentes concretaron que en el domicilio del matrimonio, que ocupaban ilegalmente, se venían realizando actividades de tráfico de sustancias estupefacientes, lo que se comprobó cuando varias personas que entraban y salían de dicho domicilio fueron sorprendidas con sustancias nocivas para la salud.
Relevante para la investigación fue el hecho de que los agentes observaron un día la llegada a la vivienda de los acusados en un vehículo, que fue detenido posteriormente en el seno de otra operación en Valdepeñas y cuya conductora fue detenida por transportar droga.
Con la finalidad de ultimar la investigación, fue solicitada la entrada y registro del domicilio, tras lo cual los agentes encontraron 91,96 gramos de cocaína con una riqueza media del 79,7 % cuya valoración ha sido tasada en 21.331,20 euros.
También se incautaron de 0,12 gramos de cocaína con una riqueza media del 78,5 % valorados en 27,41 euros; 1.968,68 gramos de cannabis que alcanzarían en el mercado un valor de 11.871,14 euros y 257,1 gramos de cannabis con una riqueza del 28,45% que hubiesen supuesto unos ingresos de 1.550,31 euros.
Durante el registro de la vivienda, también fueron hallados distintos útiles utilizados para la venta de las drogas a terceras personas.
Según la fiscalía, los hechos constituyen un delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por lo que pide para cada uno de los acusados la pena de 5 años de prisión, así como una pena de multa de 35.000 euros a cada uno.
