El sindicato ACAIP-UGT de Prisiones ha denunciado este viernes el aumento de móviles en las 80 cárceles y centros de inserción competencia de la administración central – todas salvo las Cataluña y País Vasco-, donde el pasado año se incautaron 2.910 terminales, de los cuales 82 fueron encontraron en Castilla-La Mancha.
Según un comunicado de esta organización sindical, se trata del número más alto de terminales intervenidos a los internos hasta el momento en las cárceles, donde está prohibida su tenencia.
La prisión de Madrid III, situada en la localidad madrileña de Valdemoro fue el centro donde los funcionarios retiraron el pasado año más móviles (152), por delante de la cárcel de Albolote en Granada (147) y la de Córdoba (142).
Por su parte, en el caso de Castilla-La Mancha, la prisión donde más dispositivos fueron encontrados fue en Ocaña I (55), seguido de Ocaña II (14), Albacete (11) y Cuenca (2). Por contra, en las cárceles de Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan no fue retirado ningún móvil.
Los datos reflejan, según señala Acaip-UGT, que las prisiones madrileñas y andaluzas son en las que más teléfonos se incautan con una ratio de más de 60 móviles por cada 1.000 internos frente a la media nacional, que se sitúa en 51,32 por cada mil internos.
El sindicato recuerda que los teléfonos móviles son objetos prohibidos dentro de una cárcel debido al peligro que conlleva, ya que pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia machista, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior.
Por esto, instan a la Administración a mejorar las medidas preventivas y modernizar los elementos de seguridad como inhibidores para que estos teléfonos no puedan ser utilizados y dejen de ser artículos cotizados entre los reclusos que tienen restringidas las comunicaciones.
El sindicato asegura que los móviles son introducidos en las cárceles incluso a través de drones y ocultos en otros objetos, como paquetes de galletas o botes de champú.
