La Diputación de Albacete, presidida por el socialista Santiago Cabañero, ha adjudicado un contrato de 85.486 euros al abogado Antonio Camacho, exministro del Interior en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y actual representante legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informa El Confidencial, el contrato fue otorgado sin concurso público y resuelto en tan solo 48 horas, a través de un procedimiento negociado que no consideró otras ofertas.
Camacho, quien administra su bufete bajo la sociedad Temistopoloi SL, recibió la adjudicación en febrero de 2024 para representar a la Diputación en un litigio judicial relacionado con la herencia de Purificación Urrea, un proceso que había concluido meses antes con un fallo desfavorable para la institución provincial. La adjudicación, tramitada sin publicidad previa, no fue registrada en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 15 de marzo, semanas después de haberse formalizado.
Un proceso cuestionado
El caso genera controversia porque, según la cronología del litigio, el contrato no se corresponde con la fase activa del proceso judicial. En julio de 2022, la Audiencia Provincial Civil de Albacete dictaminó que los herederos de Urrea, una acaudalada benefactora fallecida en 1966, tenían derecho a la devolución de tres fincas valoradas en 30 millones de euros y una indemnización de 11 millones por los beneficios generados. La Diputación, controlada por el PSOE, decidió no recurrir esa sentencia en 2023.
Pese a ello, la contratación de Camacho fue justificada por una portavoz oficial de la Diputación como parte de este litigio, sin dar más detalles sobre la naturaleza específica del encargo.
Vínculos políticos y críticas
Antonio Camacho, además de ser abogado de Begoña Gómez, ha desempeñado roles clave en asuntos políticos recientes, como las negociaciones para la ley de amnistía que el PSOE pactó con Junts per Catalunya. Su proximidad al entorno socialista y su falta de experiencia destacada en derecho civil han despertado críticas sobre la transparencia y justificación de su contratación.
Este hecho ocurre en un contexto donde la propia Begoña Gómez enfrenta diversas acusaciones judiciales, incluidas imputaciones por corrupción y tráfico de influencias. El caso amplía las dudas sobre la gestión de recursos públicos y la posible vinculación de intereses privados y políticos.
La adjudicación sigue generando interrogantes, ya que el bufete Temistopoloi SL, administrado por Camacho, no presenta cuentas en el registro mercantil desde 2021, y sus ingresos permanecen opacos.
El contrato refuerza las sospechas sobre la falta de competencia en la adjudicación y la conveniencia política en beneficio de un actor estrechamente vinculado al Gobierno central. Por ahora, ni el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ni los implicados en la administración socialista han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
