Como todos los años, en esta fecha celebramos la aprobación en referéndum de la Constitución Española. Nuestra Constitución nacía entonces, hace 45 años, con un apoyo masivo de los ciudadanos, expresado de manera incontestable mediante el voto en urna. Se trataba de una singular novedad en la historia política de España, no sólo por el refrendo mayoritario que obtuvo, sino también porque no surgió de la imposición de la mitad del país contra la otra mitad, como venía siendo tristemente habitual durante siglos, sino que emergió desde un nuevo concepto: el consenso, el acuerdo mayoritario donde todos se pusieron de acuerdo para establecer unas normas básicas de convivencia.
Ha transcurrido mucho tiempo desde aquel referéndum del 6-D. Y la Carta Magna ha demostrado su utilidad y su eficacia. Con normalidad se han producido en este tiempo relevos gubernamentales, la sociedad ha ido cambiando en la forma y el fondo, nos hemos incorporado a la Unión Europea, se han desarrollado -no sin fricciones- las diversas autonomías, e incluso hemos superado graves conflictos internos, como la amenaza terrorista. Y todo ello lo hemos ido haciendo sin salirnos del marco constitucional, sin recurrir a violencias ni actuaciones unilaterales, sin recurrir a los viejos vicios cainitas que tanto han perjudicado a esta nación durante siglos.
Celebramos por tanto el Día de la Constitución con la alegría y el orgullo de sabernos un país moderno, libre, democrático, felizmente enmarcado en la órbita del mundo occidental desarrollado, un país que se respeta a sí mismo y que obtiene y merece el respeto internacional. Y todo eso lo hemos logrado porque un día nos dimos la Constitución, y durante 45 años la hemos venido aplicando; y lo hemos hecho con flexibilidad, por supuesto, pero también con respeto a los valores fundamentales que la impregnan.
En este 45 aniversario, por desgracia, la celebración no puede limitarse al necesario carácter festivo, y debemos otorgarle un tinte reivindicativo y de defensa activa. Una inmensa mayoría de españoles nos sentimos justamente preocupados por determinadas actuaciones políticas que no son compatibles con el constitucionalismo abierto e integrador que debe ser parte intrínseca de las actuaciones públicas. No podemos aceptar que se ponga en entredicho la igualdad entre todos los ciudadanos, la unidad indisoluble de la Patria, la solidaridad entre regiones o la separación de poderes. Y no podemos aceptarlo porque todos esos principios no son meras declaraciones de intenciones, no son artículos grabados en mármol en el frontispicio de la historia. Son mandatos imperativos reales, son mimbres indispensables para tejer el cesto de la convivencia, son elementos básicos que conforman nuestra vida en común. Y además, son la garantía de que no volverán los abusos ni las discriminaciones.
Los ayuntamientos aparecen expresamente en la Constitución, que en su artículo 140 garantiza su autonomía y les otorga personalidad jurídica plena. Los ayuntamientos somos entidades perfectamente constitucionales y democráticas, con una serie de funciones determinadas por la ley y una legitimidad de origen que nace de la historia y está refrendada por la Carta Magna. Por eso, los ayuntamientos no podemos ni queremos permanecer impasibles ante los ataques que viene recibiendo nuestra Ley de leyes. Somos parte fundamental del Estado y nos debemos a nuestros vecinos, y eso hace que no debamos aceptar silenciosamente que los albaceteños sean considerados ciudadanos de segunda. En Albacete nos importa mucho que la Constitución no se convierta en papel mojado, porque de ella depende nuestra dignidad y nuestra prosperidad como españoles de pleno derecho.
¡Viva la Constitución! ¡Viva la igualdad! ¡Viva España!
