Varias organizaciones agrarias han denunciado posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria por parte de algunas bodegas, una situación que los bodegueros consideran que no representa el actuar del sector y que traslada una imagen muy negativa, a veces con meras «calumnias».
COAG, UPA, Unión de Uniones o la Unió Llauradora son algunas de las organizaciones que han emitido estos días comunicados de prensa desde diferentes lugares de España, como La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, para denunciar estas presuntas irregularidades de las bodegas, consistentes en la compra de uva por debajo del coste de producción.
En algunos casos han indicado que se han dirigido ya al organismo que vigila el cumplimiento de la ley de la cadena, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y han exigido «actuaciones urgentes», mientras que en otros están recopilando y estudiando los contratos de compraventa que se han firmado para comprobar si hay irregularidades.
El sector bodeguero español, representando por la Federación Española del Vino (FEV), considera que es «muy injusto» que «cada vendimia se estén lanzando notas de prensas sembrando una sospecha sobre el sector y trasladando una imagen muy negativa a la opinión pública», cuando «de manera abrumadoramente mayoritaria» se cumple la ley.
«Al final, si me permites la expresión, esto es el ‘calumnia, que algo queda'», ha exclamado en declaraciones a Efeagro el director general de la FEV, José Luis Benítez.
El representante de la FEV ha indicado que puede haber «casos puntuales» en los que no se esté cumpliendo la ley y ha animado a los viticultores a denunciarlo cuando suceda, ante las autoridades autonómicas y la AICA.
«Cuando un viticultor que proporciona uva se vea afectado o presionado, que lo denuncie, pero no hace falta estar todo el día sacando comunicados de prensa sembrando una imagen que parece que todas las bodegas son malvadas y no pagan la uva», ha enfatizado.
Benítez ha explicado que muchas de las denuncias de las organizaciones agrarias hacen referencia a estimaciones generales de costes de producción, pero que la ley de la cadena alimentaria dice que el coste efectivo de producción lo tiene que calcular cada agricultor.
En este marco, ha invitado a los viticultores a hacer uso de una herramienta que ha desarrollado la Interprofesional del Vino de España (OIVE) con apoyo de todo el sector bodeguero para que cada productor de uva pueda calcular sus costes.
El representante de la FEV ha recordado también que la ley marca que debe existir un contrato de compraventa de uva en el que debe figurar el precio, por lo que el vendedor saber cuánto le van a pagar antes de entregar su cosecha a la bodega.
Benítez se ha mostrado partidario de que se formalicen contratos a más largo plazo entre las bodegas y los viticultores, «de tres o cinco años» porque da «estabilidad y garantías de que se puede producir».
ASÍ AVANZA LA VENDIMIA
En cuanto a la vendimia de este año, para la que se estima un rendimiento de entre 36 y 37 millones de hectolitros, lo que representa un descenso entre un 15 % y un 20 % respecto a lo normal, ha señalado que la información de la que dispone confirma que «hay una merma significativa» en el cómputo general de España, pese a que en algunas zonas, como Rías Baixas o Jérez, han tenido más uva.
Ha indicado que una cosecha baja «nunca viene bien», pese a que en algunas regiones de España hay en estos momentos un exceso de vino almacenado al que no se le ha podido dar salida y se va a recurrir a la destilación de crisis así como a la vendimia en verde para no llevar esta campaña a la bodega más uva de la que se puede procesar.
«Nunca es bueno porque aal final eso tiene una repercusión en los costes del viticultor, que se incrementan por hectárea. Todo el mundo quiere una cosecha normal que te permita elegir calidades», ha comentado.
