Un celador eventual del Hospital de Guadalajara ha sido condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una paciente ingresada en el área psiquiátrica del centro durante la pandemia, en julio de 2020.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara del 23 de marzo de este año, facilitada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, considera probado que el condenado, de 34 años, entró en la habitación de la víctima, una joven que en ese momento tenía 18 años y se encontraba en un área de aislamiento de la zona de psiquiatría y la besó en la boca.
Volvió a entrar en la habitación y completó la agresión sexual, de forma que la joven quedó «bloqueada en estado de shock» por lo sucedido y el agresor la pidió que no contara nada.
Estos hechos tuvieron graves consecuencias en la víctima, que surgió estrés postraumático y «una fuerte crisis de ansiedad con episodio de agitación psicomotriz”, según recoge la sentencia que condena a A.M.T a cuatro años de prisión por agresión sexual y a indemnizar a la víctima con 6.000 euros por daños morales y 4.170 euros por lesiones y secuelas.
Según las diligencias policiales del caso, la joven informó a la Dirección del Hospital de lo que había ocurrido dos días después de la agresión, el 25 de julio, y el centro asesoró a la familia y les invitó a denunciarlo.
Además, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Sescam, comunicó a la Policía lo sucedido y el 28 de julio los agentes acudieron al Hospital y tomaron declaración a la víctima, al agresor y dos profesionales sanitarios, y el hombre fue detenido aunque posteriormente quedó en libertad con cargos.
El ahora condenado se incorporó al trabajo, después de una baja laboral de dos días, el 20 de agosto y el Sescam tomó la medida cautelar de apartarlo de cualquier función de atención y contacto de pacientes y de hospitalización y le asignó un puesto de almacén, según ha dicho a EFE, Aurelio Zapata, director de gestión del Hospital de Guadalajara entonces.
El hombre tenía un contrato de refuerzo por la covid-19 y en el momento en el que se comunicó la citación de juicio oral se le suspendió de empleo del 29 de enero al 31 de marzo, fecha en la que finalizó su contrato, que no se renovó.
Zapata ha asegurado que “se hizo todo lo realmente necesario, bajo el principio de legalidad, para proteger a la víctima desde el propio hospital, incluso tomando medidas cautelares”.
En este sentido, ha rechazado la acusación de haber ocultado los hechos y ha agregado que ha tomado acciones legales «para proteger mi honor».
