La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que la propuesta de Real Decreto de planificación hidrológica 2022-2027 que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado para su valoración por el alto órgano consultivo es «el que fue respaldado mayoritariamente» por el Consejo Nacional del Agua y ha recordado que tanto las comunidades autónomas como los sectores han dispuesto de un periodo de tres años para aportar sus ideas.
«Es obvio que muchos casos, las ideas no eran compatibles entre sí y logramos un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso», ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a los medios este jueves.
En ese sentido, Ribera ha asegurado que los criterios para fijar el caudal ecológico del río Tajo son «exactamente los mismos» que se han utilizado para fijar el del resto de las demarcaciones hidrográficas de España y que es preciso respetar la legislación y las sentencias.
La ministra ha valorado que Castilla-La Mancha sí aceptó unos caudales que «no podían ser» ni su pretensión cuantitativa, social y económica, pero que eran necesarios para poder garantizar a las cuencas receptoras del trasvase Tajo-Segura un volumen de agua adicional suficiente que debía aplicarse de manera progresiva para que las inversiones previstas para obtener más agua desalada, interconexión de desaladoras, más agua reciclada, más eficiencia, «dieran su fruto y no hubiera ningún tipo de tensión y de preocupación para con los regantes».
Por ello, ha reiterado que el documento que salió del Consejo Nacional del Agua fue un texto que recogía el consenso de fijar el caudal creciente durante cuatro años, con seguimiento tanto del volumen como de la calidad del agua del Tajo.
De hecho, ha indicado que la propuesta de «último minuto» de algunas comunidades de regantes y comunidades autónomas fue rechazado por la inmensa mayoría por lo que esta propuesta no se incluyó, de modo que se recuperó el consenso previo.
