El Consejo de Gobierno, tal y como adelantó este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado el visto bueno a las ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género en la región para todo el año 2023 y también para el año 2024 por un importe de 2,5 millones de euros con el objetivo de alcanzar a más de 400 víctimas de violencia de género en cada uno de los años.
Según ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, el objetivo que tienen estas ayudas al alquiler, que son específicas para las víctimas de violencia de género, es alcanzar el 100% de las solicitudes que se presenten y que cumplan los requisitos.
«Entendemos que la alternativa de vivienda es imprescindible para que las mujeres puedan romper con ese círculo de la violencia que a veces durante muchos años les hace imposible llevar una vida en condiciones de libertad de derechos y plena. En ese sentido, por eso nos comprometemos a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos, que tengan su ayuda».
Según ha recordado, esta es una política que se inició en esta legislatura, en el año 2019. Anterior a ella, ha rememorado, siempre en todas las convocatorias y ayudas al alquiler más generalistas o destinadas a colectivos vulnerables, siempre se las priorizó a ellas como un colectivo vulnerable más, pero «entendíamos que era insuficiente», y por ello en 2019 se iniciaron estas ayudas.
«Son completamente novedosas y creo que solamente hay una comunidad autónoma en toda España que tenga ayudas similares a estas. Por tanto, podemos decir que Castilla-La Mancha se ha vuelto a colocar a la cabeza en lo que se refiere a la protección y a la recuperación de una vida normalizada y sin violencia para estas víctimas», ha destacado la consejera de Igualdad.
Tras destacar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado «un importantísimo esfuerzo presupuestario en estos cuatro años de legislatura», ha hecho hincapié en que en el año 2019, primera vez que se sacó una convocatoria específica con 179.000 euros, se alcanzó a 107 mujeres.
«Vimos que era necesario más y cada año hemos ido creciendo hasta que las últimas dos convocatorias, en 2021 y en 2022, alcanzamos con ambas convocatorias 2 millones de euros prácticamente y ayudamos a 520 mujeres», ha proseguido.
Este jueves saldrá publicada esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ha informado la consejera, quien ha hecho hincapié en que en una misma legislatura, en estos cuatro años, se ha incrementado «hasta en siete veces» el presupuesto destinado a las ayudas al alquiler para las víctimas de violencia de género.
CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES SUBVENCIONABLES
Fernández ha detallado que se concederá a aquellos contratos que estén en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, y que supongan una mensualidad máxima de 750 euros, sin incluir los anejos vinculados, como garaje y trastero.
Con carácter general, se concederá a las beneficiarias una ayuda del 60 por ciento de la renta mensual por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Dicha cuantía podrá ascender hasta el 75 por ciento, en el caso de que la receptora o cualquiera de sus familiares, ascendientes o descendientes que convivan con ella tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico y del 65 por ciento de índole física.
No obstante, se podrá llegar a subvencionar el 100 por cien de la renta mensual del arrendamiento de la vivienda si se trata de una familia numerosa, la beneficiaria proviene de una situación en recurso de acogida del Instituto de la Mujer o bien tenga a su cargo un ascendiente o descendiente en situación de dependencia.
La consejera ha aclarado que, aunque el importe máximo de la ayuda no superará los 750 euros mensuales, las cuantías anteriores no se minorarán en el caso de existir otras personas titulares del contrato de arrendamiento. Asimismo, se contempla la posibilidad de anticipar la ayuda por trimestres, «ya que se trata de mujeres con acceso dificultoso al mercado laboral». Además, el procedimiento de concesión responderá a un criterio de prelación temporal hasta el agotamiento de crédito y tras una previa evaluación individualizada.
Para finalizar, Blanca Fernández ha confirmado que la convocatoria se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, información que pasó este martes por la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
