El Colectivo Ágora ha presentado este martes un escrito en la Fiscalía denunciando el acoso al que está siendo sometida tanto la Clínica Iris de Albacete, acreditada para realizar interrupciones de embarazo, como las mujeres que acuden a la misma, por parte de un grupo ultracatólico.
Así lo ha señalado en un comunicado, en el que han indicado que con esta denuncia buscan que el ministerio Fiscal actúe ante lo que consideran una «dejación de funciones intolerable» de la subdelegación del Gobierno en Albacete, que «lejos de intervenir» para velar por el cumplimiento de la ley y defender los derechos de las mujeres, «permanece de brazos cruzados permitiendo que las presiones y el hostigamiento siga».
El colectivo ha lamentado que son muchos los años soportando estas acciones de intimidación, «que suponen la vulneración de forma intencionada e insistente de derechos fundamentales recogidos en la legislación europea, así como la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo».
Se han referido a que para «erradicar este tipo de actos y la impunidad de quienes los llevaban a cabo», el pasado año, se aprobó la Ley Orgánica 4/2022 en la que el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo se considera un delito y está penado.
Para Ágora Feminista, «dicha norma no ofrece ningún tipo de duda a la hora de perseguir y sancionar las conductas descritas, ya que en su único artículo señala que quien obstaculizara el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».
«Los hechos que siguen ocurriendo y de los que hemos sido testigo las firmantes de la denuncia ponen en entredicho la eficacia de esta ley y cuestionan la autoridad de quienes representan al Gobierno en Albacete», ha criticado.
A su vez, se han preguntado «para qué se aprueban las leyes si finalmente desde la Administración y las instituciones no se adoptan las medidas necesarias para su cumplimiento» y han confiado «en que la Fiscalía haga lo que no está haciendo la Subdelegación del Gobierno para que cesen las acciones intimidatorias y de acoso en las inmediaciones de la Clínica Iris».
