La Policía Nacional ha detenido a 52 personas, 41 de ellas en Albacete, que presuntamente crearon una serie de empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a los trabajadores, método con el que defraudaron 304.094 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La investigación comenzó el pasado mes de mayo con la denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, que requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares que llevaba a cabo una sociedad con actividad en Albacete para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social, ha informado este lunes en un comunicado la Dirección Geneal de la Policía Nacional.
Esta empresa supuestamente se dedicaba al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas pero la Policía comprobó que en realidad se trataba de una vivienda residencial sin ninguna actividad comercial.
Los agentes tomaron declaración a varios empleados de la sociedad que no cobraban prestación por desempleo y estos manifestaron que nunca habían trabajado para la empresa y habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.
Con las labores de investigación, la Policía consiguió identificar a una persona, que figuraba, junto a su mujer, como administrador de treinta sociedades, muchas de ellas supuestamente dedicadas a lo mismo que la primera en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.
Estas empresas también tenían en común el mismo abogado como tramitador autorizado para realizar gestiones ante la Seguridad Social, letrado al que le constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y falsificación documental.
El administrador de las sociedades también había sido objeto de numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.
El abogado y el resto de las personas implicadas que se encontraban al frente de las sociedades aprovechaban para cobrar ellos mismos prestaciones por desempleo e incluso colocaban a sus familiares cercanos en ellas para recibir más prestaciones.
Los agentes comprobaron finalmente que buena parte de las empresas analizadas eran ficticias y durante la investigación afloraron otras empresas que sí tenían actividad pero que habían llevado a cabo altas irregulares.
El operativo llevado a cabo a raíz de estas averiguaciones se ha saldado con la detención de 52 personas, la gran mayoría en Albacete (41), pero también en Madrid (4), Valencia (3), Alicante (2), Málaga (1) y Murcia (1), por delitos de fraude en obtención de prestaciones.
Al abogado y al resto de personas que ejercían como administradores ficticios también se les ha atribuido un delito de pertenencia a grupo criminal, al considerar que habían creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.
El perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS ha sido de 304.094 euros y la investigación ha permitido detectar un presunto fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros, que investiga la Agencia Tributaria de Albacete.
