El próximo 30 de noviembre se juzga en los juzgados de Guadalajara a ocho activistas antidesahucios que fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 en una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo (Guadalajara), para quienes la Fiscalía pide un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público.
A esta pena se suman dos meses más por el delito leve de allanamiento de un local abierto al público, con una cuota diaria de diez euros y aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, lo que supondría un mes más de privación de libertad.
Por parte de CaixaBank se pide una condena que según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara asciende a tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.