Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha, PP y Cs, han clamado este miércoles contra el Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha del Ejecutivo regional y, en concreto, contra lo que consideran un nuevo «impuestazo», en referencia al canon medioambiental que contempla la norma. Por contra, desde el PSOE han alegado que se trata de una «carga fiscal pequeña», que permitirá seguir acometiendo infraestructuras en la región.
Ha sido en la comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo rural que se ha celebrado este miércoles, donde se han debatido las enmiendas presentadas al referido proyecto y se han evidenciado los recelos que genera en la oposición.
RECHAZO AL «IMPUESTAZO»
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Elena Jaime ha detallado algunas de las 25 enmiendas que han presentado al proyecto de ley, y que entre otras cuestiones persiguen evitar expropiaciones forzosas a la hora de acometer infraestructuras hidráulicas, mejorar la transparencia y eliminar del texto ese canon.
Tras reclamar al Ejecutivo que empiece a cumplir lo acordado en el Pacto del Agua, pues a su entender de momento es tan solo una «bonita fotografía», ha alertado de que el canon es un «auténtico atraco», que va a vaciar aún más los bolsillos de los castellanomanchegos y lastrará aun más la economía y el emprendimiento en la región, pues considera que las empresas podrían plantearse marcharse a otra comunidad.
Desde Ciudadanos, tal y como ha verbalizado su representante por Ciudad Real, también consideran que la subida del canon de depuración de aguas que contempla la futura ley está sobredimensionada, asegurando que su formación no va a permitir que se dé este «palo» a los bolsillos de los castellanomanchegos, toda vez que la crisis «aún no ha pasado».
PP LAMENTA QUE LA LEY NO RESUELVA PROBLEMAS
El mismo rechazo ha expresado Ana Guarinos, la representante del Grupo Popular, que ha presentado 41 enmiendas al texto. La diputada ‘popular’ considera que la ley presenta un título engañoso, pues debería denominarse ley de tributos del agua en Castilla-La Mancha, pues pretende crear nuevo impuesto por el que el Ejecutivo regional pretende recaudar cerca de 70 millones.
«Fíjense hasta que extremo es una ley tributaria, porque no aporta ni un hectómetro de agua a la región, ni resuelve sus problemas. El único objetivo y cometido es aumentar la voracidad recaudatoria que caracteriza al PSOE», ha condenado Guarinos, que ha defendido que 76 de los 188 artículos que conforman el texto «tienen carácter tributario y sancionador».
En este punto, ha descartado que esta norma derive el pacto regional del agua, del que el Ejecutivo regional «no ha cumplido ni un solo punto», ni desarrolle la directiva marco del agua que impone Europa, pues ha señalado que la Ley del Ciclo Integral del Agua aprobada en 2002 en la región ya incluye objetivos medioambientales y recoge dos cánones, el de aducción y depuración, que los castellanomanchegos ya pagan.
«Solo tiene finalidad recaudatoria. Todo el mundo va a tener que pasar por caja. Una familia pagará 50 euros más al año, una bodega 1.000 euros más al año, o una peluquería 150 euros. Esto no beneficia ni a la recuperación ni al tejido empresarial», ha alertado.
De igual modo, como ha relatada Guarinos, el PP también está en contra de que la vigilancia, control y sanción de los vertidos recaiga con el nuevo texto normativo sobre las administraciones locales, cuando compete a las administración regional, y rechaza se modifique la composición del Consejo del Agua, dando mayor representatividad a la administración hidráulica del Estado para quitársela a la Federación de Municipios y Provincias.
Tras abogar por que la revisión de los planes de abastecimiento sea cada 5 años, los ‘populares’ tampoco están de acuerdo en que el Gobierno regional, modificando lo recogido en la Ley del Ciclo Integral del Agua, vaya a elevar de 3 a 5 metros cúbicos cuando no se disponen de datos del volumen mínimo como base imponible. «No entendemos a que se debe este incremento».
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL AGUA
Versión diferente es la que ha ofrecido el diputado del PSOE Francisco Pérez Torrecilla, que además de asegurar que el objetivo principal del texto es optimizar la gestión de agua en la región velando por el medio ambiente, ha indicado que la norma en tramitación deriva de la Mesa del Agua, en cumplimiento de la directiva marco europea.
Pérez Torrecilla también ha defendido que dicho canon medioambiental, que ha terminado reconociendo como «impuesto», supone una «carga fiscal pequeña» que permitirá al Ejecutivo financiar grandes y pequeñas inversiones a realizar en municipios.
En favor de la norma, el parlamentario socialista también ha esgrimido que Castilla-La Mancha, junto a Canarias, son las únicas regiones que adolecen de este «impuesto», que será de dos euros al mes para una familia tipo, progresivo y contempla bonificaciones para pequeños consumidores y colectivos vulnerables.
«Entiendo que no es excesivo como intentan hacernos ver el PP y Ciudadanos. Es fácil para la oposición usar esta parte de la ley, la del canon medioambiental, para hacer política e intentar engañar a los vecinos con el objetivo de arañar a algún voto», les ha reprochado.
DICTAMEN Y ENMIENDAS
Tras el debate dialéctico, se han votado las enmiendas y el PSOE solo ha aceptado una del PP y otra Ciudadanos, rechazando las 64 restantes que llegan ‘vivas’ al debate del dictamen en pleno, que defenderá el socialista Francisco Pérez Torrecilla.
La del PP, que se incorporará al texto, se refiere a la programación y ejecución de infraestructuras del agua contempladas en planes de abastecimiento y depuración, y propone que, además de estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, de manera obligatoria tengan aplicaciones y partidas en los presupuestos para poder ejecutarlas.
Respecto a la de Ciudadanos, el PSOE ha aceptado la enmienda referida a que la información de las sanciones interpuestas en base a esta norma se publique de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Protección de Datos.
