La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2007, por resolución unánime, proclamar el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. En esa resolución se reconoce que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia y para el desarrollo social que va unido a la igualdad y a la eliminación de las barreras que discriminan a las personas por la edad, el género, la etnia, la capacidad económica, la discapacidad, la situación de dependencia o la cultura.
El tema principal de la conmemoración de este año es ‘Un llamamiento a la justicia social en la economía digital’, poniendo de este modo el foco de atención en los cambios tecnológico que están transformando el panorama laboral, la relación personal y la propia manera de vivir. En la última década se han desarrollado las tecnologías de la comunicación, se ha expandido la conectividad de la fibra óptica y han proliferado las plataformas digitales y las comunicaciones a través de las redes sociales. Pero este desarrollo digital no ha llegado por igual a todas las personas ni a todos los sectores de la población. Sabemos que las personas de edad más avanzada y las personas y colectivos más vulnerables tienen más dificultades para acceder y beneficiarse de las ventajas de las tecnologías digitales en un mundo en el que cada vez se hace más necesario su utilización para tareas concretas de la vida diaria.
Existe una brecha digital en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y acceso a Internet y a las tecnologías de la información que ha agravado las desigualdades existentes. Pero, si cabe, esta situación se ha puesto más de manifiesto con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde hace un año y que está teniendo, no solo consecuencias sanitarias y, lamentablemente, para la vida de muchas personas, sino que está dejando importantes consecuencias sociales, económicas y psicológicas.
Es por ello que este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías.
Estamos viviendo momentos difíciles, pero debemos afrontar el futuro aprovechando todas las oportunidades y manteniendo un trabajo constante por mejorar la protección social, por apoyar a las personas mayores, a las que tienen discapacidad o se encuentran en situación de dependencia y también a las familias y a la infancia más vulnerable y las que se encuentran en situación de pobreza o atrapadas en procesos de exclusión social.
Debemos ser optimistas y tenemos la obligación de generar ilusión y confianza en la sociedad en su conjunto, pero debemos construir alianzas con todos los agentes económicos y sociales, entre la diversas administraciones públicas, con los profesionales de los servicios sociales, con las entidades sociales y con la sociedad civil; con mecanismos de diálogo, como los propiciados con la puesta en marcha de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que empezará a dar sus resultados, sin perder de vista que lo importante son las personas y especialmente las que más apoyo necesitan y las que viven en situación de pobreza y exclusión social.
Mejorar la atención y propiciar procesos de inclusión social son los dos grandes retos que tenemos por delante. No obstante, la justicia social tiene que ver con la equidad, con la solidaridad, con la dignidad y con la calidad de vida de las personas, porque tal vez hoy a las sociedades no haya que valorarlas solamente por su riqueza sino por su bienestar social.
