Los dos primeros exaltos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha que han declarado en el segundo día de la vista oral que celebra la Audiencia Provincial de Guadalajara a raíz del incendio declarado en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches han coincidido en afirmar que su actuación con respecto a sus funciones a la hora de dar autorizaciones siempre ha venido precedida por el criterio de los técnicos y que siempre han intentado cumplir la legalidad vigente en ese momento.
En este macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento que pone en el banquillo a 21 acusados, este martes han prestado declaración el que fuera director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Chillarón Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez, y ambos han defendido su manera de proceder en cuanto a las autorizaciones otorgadas en su momento.
Ambos han coincidido igualmente en que dentro de los ámbitos de actuación de un director general no está la tramitación del «día a día» de los expedientes porque no pueden ni por volumen ni por ocupación pero que ellos siempre se basaron en sus actuaciones en las recomendaciones de los técnicos de la Junta para cumplir la legalidad vigente e intentado dar servicio al administrado a la hora de atender sus solicitudes o demandas con la intención de resolver.
Para Yuste, el Ministerio Fiscal pide doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y 28 meses de multa a razón de 20 euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago mientras que para Blázquez a estas penas añade tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
Una jornada compleja en cuanto al fondo de la cuestión de lo que hoy se ha planteado en la Sala, que se ha prolongado durante casi cinco horas, y en la que el magistrado que preside la Sala de la Audiencia Provincia, José Aurelio Navarro, ha tenido que llamar en varias ocasiones al Ministerio Fiscal a ceñirse al objeto del enjuiciamiento para que no se perdiera el hilo de las cuestiones a dirimir.
BALONES FUERA
Lo cierto es que ambos directores generales han echado balones fuera en varias ocasiones respecto a su responsabilidades en referencia a las cuestiones que se les han planteado en la Sala en torno a la firma de determinados documentos y expedientes solicitados por la empresa Kuk Medioambiente para ampliar su actividad en la planta al manejo de residuos peligrosos.
Ambos han coincidido en que en las autorizaciones otorgadas a la empresa Kuk Medioambiente S.L. ellos no eran los que a nivel administrativo estaban en el día a día de dichos expedientes sino que eran los jefes de servicio o técnicos los que hacían el seguimiento y que ellos se fiaban, han coincidido ambos.
De sus declaraciones también se ha desprendido que ninguno ha dictado resoluciones contrarias a desecho a sabiendas de que lo son, insistiendo en su «confianza plena» en los técnicos.
«Un director general no entra tanto en las tripas de un expediente», ha señalado Blázquez en su declaración, asegurando que todos los documentos que él firmó sobre esta empresa tenían que ver con la tramitación de modificación ambiental integrada de 2008 solicitada por la empresa para contemplar el reciclaje de residuos peligrosos.
Ha asegurado en su declaración que actuó como con cualquier otra empresa que quería realizar una ampliación y «el jefe de servicio consideró que había que proceder a la modificación de la autorización ambiental integrada y yo la firme porque así se consideró por parte de los técnicos que se debía hacer».
«Mi puesto de director no estaba relacionado con ver los expedientes o nada por el estilo. Los directores no pueden estar mirando el seguimiento de todos los expedientes. Si emitió este escrito el jefe servicio es lo suficientemente válido», ha indicado tras insistir en que, en todo caso, era una resolución de apertura de tramite de ese procedimiento de modificación sustancial pero no ninguna resolución definitiva.
«MERO TRÁMITE»
Ha incidido también en que él no tuvo constancia en ningún momento de ninguna ilegalidad pero que, en todo caso, su actuación siempre fue «de mero trámite» porque durante el tiempo que él estuvo al frente de la Dirección General ya no tenía competencias en residuos peligrosos sino que era algo que competía a la Dirección de Calidad.
Al igual, ha reiterado que él no es responsable de nada decisorio, que no tenía competencias en materia de residuos ni podía sancionar así como que la modificación de la autorización de ampliación se realizó cuando ya no estaba al frente de esta Dirección General.
También ha reiterado que nunca se opuso a ninguna resolución planteada por los técnicos y que nunca actuó para favorecer sino que siempre trabajó conforme a la legalidad, convencido de la legalidad de sus actuaciones.
Por su parte, Miguel Chillarón Yuste, ha hecho alusión en varias ocasiones también a que son los técnicos quienes realizan las inspecciones y los expedientes que él «se deja aconsejar» porque «ser director general no significa ser el que más sabe y yo confío en su absoluta honradez».
A preguntas del Ministerio Fiscal sobre si firma lo que cae en sus manos sin verlo, ha señalado sobre el funcionamiento de este tipo de instalaciones que son los técnicos los que están formados en esa materia y que él no tiene los conocimientos técnicos suficientes para entrar en los «entresijos». «Si ellos –los técnicos– deciden continuar hacia adelante, confío en que es porque todo está de acuerdo con la normativa», ha aseverado en relación a las peticiones de autorización medioambiental de la empresa.
En cualquier caso, ha habido algunas cuestiones planteadas por la Fiscalía que el acusado ha señalado no recordar, alguna más que Blázquez.
