El macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) ha arrancado este lunes con las cuestiones previas y será este martes cuando empiecen los interrogatorios a varios exaltos cargos, concretamente al director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.
Está previsto que se sienten en el banquillo 21 acusados (18 particulares y tres empresas) y, en principio, ha fijado en 53 las sesiones a celebrar hasta mediados de diciembre.
La vista oral se iniciaba cerca de las 9.30 horas en una sala habilitada especialmente para esta compleja vista en los antiguos juzgados de Guadalajara, en la que también se han tenido en cuenta las normas Covid y donde los letrados han estado sentados en pupitres individuales y, por detrás, los acusados.
Para los dos ex altos cargos que declaran este martes, el Ministerio Público los considera autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y ha pedido para ellos penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.
Entre los encausados también se encuentran las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina, y otros ex altos cargos y cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre los que se encuentra el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González (PSOE), y por otro lado, el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP).
Un juicio que llega cinco años depués de originarse un incendio que ha sacado a la luz el supuesto reciclado inadecuado de residuos peligrosos con escombros que no lo eran y en cuya primera vista, que concluía cerca de las 13.00 horas, el magistrado de la Sala de la Audiencia Provincia, José Aurelio Navarro Guillén, no ha visto ningún inconveniente en admitir las alegaciones previas presentadas por varios letrados para que los acusados puedan ausentarse de la sala, salvo la obligación de acudir el último día, con motivo del derecho a la última palabra.
También se ha aceptado otra petición compartida por varios de los letrados como es el hecho de que, ante la prolongación de la vista durante casi tres meses, se les otorgue la posibilidad de que un abogado pueda ser sustituido por otro de su despacho en alguna ocasión.
En lo concerniente a las pruebas documentales, se han admitido todas las que se han presentado; sin embargo, sobre la petición de una de las partes para que no se tuviera en cuenta una prueba audiovisual realizada por un detective privado con anterioridad al incendio en la nave que ardió el 26 de agosto, el presidente de la sala ha señalado «son cuestiones que se valorarán en el juicio» para ver si tienen o no eficacia jurídica y naturaleza probatoria.
En la sala, el letrado que representa a Altamira, la empresa inmobiliaria que ejecutó las hipotecas que tenía sobre el terreno y se lo quedó, ha reclamado el dinero que han tenido que gastar –casi millón y medio de euros– en la descontaminación de la parcela tras una petición de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una cantidad que ahora reclaman, al igual que han solicitado a la Audiencia instrucciones para ver cuál debe ser su actuación ahora con relación a la descontaminación del subsuelo, algo que resolverá en la pieza separada de responsabilidad civil.
Altamira está en este juicio como actor civil, una figura que no acusa pero que si se ha personado para reclamar los daños que ha sufrido como consecuencia de estos hechos. El magistrado que ha presidido la Sala ha terminado la sesión pidiendo «calma y paciencia» a todos alas partes entendiendo la complejidad del proceso.
