El macrojuicio por el incendio declarado en agosto de 2016 en una planta de reciclaje de residuos tóxicos de Chiloeches (Guadalajara) ha quedado visto para sentencia este viernes después de 44 jornadas maratonianas en las que han pasado por el banquillo 21 acusados, entre los que hay cargos políticos, técnicos de la Administración de Castilla-La Mancha, empresas y trabajadores, para quienes el Ministerio Fiscal ha mantenido sus peticiones de pena iniciales.
Casi todos los acusados han hecho uso del turno de palabra al que tienen derecho y tras dar las gracias al tribunal por trato recibido, la gran mayoría de los ellos, entre los que se encuentran cargos políticos y técnicos, funcionarios, trabajadores y responsables de empresas –Kuk Medioambiente, Grupo Layna de Residuos y Salmedina Tratamiento de Residuos– han ratificado mayoritariamente que obraron de acuerdo a como creían que debían hacerlo.
Un proceso que arrancó el pasado 20 de septiembre y que finalizaba este viernes, casi tres meses después, con la declaración también de cerca de 170 personas entre testigos y peritos, y que debido al elevado número de acusados se ha celebrado en las antiguas dependencias de los juzgados de Beladíez en Guadalajara capital y no en las de la Audiencia Provincial.
Un juicio en el que curiosamente no ha quedado claro por qué se produjo el incendio ni si pudo o no ser provocado o quién pudo ser el autor, y durante el que algunos de los letrados se han decantado claramente partidarios de que, en vez de concentrarse todo en una causa, deberían haberse diferenciado.
Fue el pasado mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados -18 personas físicas y tres jurídicas-, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros, sumando entre todos penas de hasta 144 años de cárcel.
Por un lado, se ha juzgado a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio de la nave que los almacenaba en agosto de 2016.
A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.
De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.
Entre las peticiones de pena se encuentra la del exalcalde de la localidad, César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental, y el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, a quien se le acusa de prevaricación administrativa medioambiental con penas de 13 años de inhabilitación especial en cargo público, tres años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio y 22 meses de multa a razón de 20 euros diarios.
ÚLTIMAS INTERVENCIONES
En el caso del exviceconsejero, en su turno de palabra ha agradecido el trato recibido en la sala porque ello ha hecho que el paso por la misma en este proceso haya sido «más llevadero» y ha reiterado su inocencia sobre todos los hechos que se le imputan en esta causa». «Aprovecho para ratificarlo», ha señalado en una intervención escueta pese a que tenía 15 minutos de tiempo para ello, como el resto de los investigados.
En cuanto al que fuera alcalde de Chiloeches entre 2011 y 2015, César Urrea, también ha defendido públicamente su inocencia sorprendiéndose de estar sentado en el banquillo de las acusados. «Estoy sorprendido de qué pinto yo en este proceso judicial. Me están imputando por algo que no he hecho y sobre lo que haya pasado después, no lo sé».
En su turno, el que fuera director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, en su derecho a la última palabra, ha mostrado su convencimiento de haber actuado conforme a la legalidad siempre. «Tengo la absoluta certeza de que obramos de la única forma que en ese momento era posible y que actuamos conforme a derecho», mientras que el que fuera director general de este mismo área entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez, ha rehusado hacer uso de su palabra.
En general, todos los acusados han negado haber cometido ningún delito y la declaración de Olga Villegas Sánchez, trabajadora de la Administración regional, ha sido una de las más duras, aludiendo al daño que esto le ha causado a nivel personal por ver su nombre vinculado con una trama criminal. Además, ha apuntado tener aún dudas de lo que se le acusa. «Me siento castigada por realizar mi trabajo y considero y es una sensación de frustración e impotencia pues no se aún lo que he hecho mal».
En cuanto a las empresas, en los tres casos han sostenido su inocencia. En el caso de Kuk, su responsable, Francisco Fernández, ha asegurado que ellos nunca pusieron ningún impedimento a la inspección de la Administración y ha calificado de «catástrofe» lo sucedido, también a nivel empresarial, porque ha perdido todo su patrimonio. «Un auténtico desastre», ha subrayado.
Los hermanos del Grupo Layna también han mantenido su inocencia, expresada en la intervención de uno de ellos, para quien el coste a nivel personal de este suceso también está siendo tremendo, habiéndose trasladado –ha dicho– a sus propios hijos, que «están sufriendo las consecuencias».
El juez ha cerrado su intervención agradeciendo a todos los profesionales el haber estado a la altura de las circunstancias y elogiando su «noble y leal» comportamiento en este procedimiento y ha tenido palabras especialmente emotivas para un funcionario de la Audiencia, Pablo, a quien se ha referido como el «alma» para que esto haya transcurrido bien. «Es la expresión viva de la función pública», ha concluido.
