El Grupo municipal Unidas Podemos ha criticado esta mañana la falta de transparencia y de diálogo con la que se ha llevado la compra del edificio del Banco de España, ya que los grupos de la oposición no han podido tener acceso a los informes que formaban el expediente hasta después del Pleno en el que se aprobó la modificación de créditos por 3.300.000 euros que posibilitará la compra.
Fue en la Comisión extraordinaria de Hacienda que tuvo lugar donde se volvió a hablar de esta decisión unilateral de PSOE y Ciudadanos, y como ya pasó en el Pleno, el equipo de gobierno se quedó solo en un tema que por su trascendencia debería haber contado con el consenso de toda la corporación.
Tal y como ha comentado la concejala de Unidas Podemos Nieves Navarro, “los informes que hemos conocido avalan las objeciones que este grupo hizo a esta compra por entender que es una irresponsabilidad gastarse 3.300.000 en un edificio que no se sabe para qué lo necesitamos ni el dinero que vamos a tener que invertir antes de poder utilizarlo”.
La concejala ha explicado que la compra de lo que fue la sucursal del Banco de España responde más a intereses partidistas para salvar un acuerdo de gobierno y no poner en riesgo la continuidad del mismo que al interés general, y prueba de ello es que se ha hecho en tiempo record y de espaldas a los grupos de la oposición.
“La política de hechos consumados es diametralmente opuesta al diálogo por mucho que el gobierno PSOE-Ciudadanos quieran vender consenso. Esta forma de actuar define muy bien el talante del gobierno de PSOE y Ciudadanos, que pretende que los grupos de la oposición nos posicionemos sobre temas de este calado ocultándonos información relevante”.
Respecto a los informes, Nieves Navarro ha señalado que no es de extrañar que no los hayan aireado porque hay datos reveladores sobre lo que implica quedarse con ese edificio. Así, la concejala de Unidas Podemos se ha referido al informe de SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal De Gestión del Patrimonio) en donde se explica que ante la posible enajenación de este edificio se estudió la posibilidad de fuera ocupado por las Unidades de la Administración General del Estado cuyas sedes están en régimen de arrendamiento. Sin embargo, esta opción quedó descartada porque la superficie era tres veces mayor de lo que realmente se necesitaba y porque amortizar el coste de la inversión que habría que acometer en la rehabilitación del edificio y que cifran en 6,4 millones de euros saldría mucho más caro que seguir pagando alquileres.
Desde Unidas Podemos afirman que les sorprende que este criterio no se haya tenido en cuenta, y que ni siquiera se haya hecho un estudio sobre el posible coste que va a tener las obras de acondicionamiento. Por lo tanto, muestran su preocupación de que la Administración del Estado no viera rentable utilizar ese edificio y que sin embargo el equipo de gobierno, sin saber aún qué uso le va a dar, se haya metido en esta operación.
