Podemos Albacete ha pedido que se cree un registro de ginecólogos que alegan objeción de conciencia a la hora de realizar interrupciones voluntarias del embarazo, criticando el «uso abusivo» de esta fórmula que hace que, según afirman, la totalidad de las interrupciones del embarazo en la ciudad se practiquen en clínicas privadas.
Desde Podemos han señalado en nota de prensa que recientemente la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, reconoció que en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no se realizan abortos programados. De las cerca de 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo (IVES) que se realizan al año, el cien por cien se practican en centros privados, muchas veces fuera de Castilla-La Mancha.
Esto se debe, afirman, a la objeción de conciencia de «prácticamente la totalidad» de ginecólogos del sistema público de salud. «Es muy necesaria la creación de un registro, como ya existe en Navarra, de profesionales que alegan objeción de conciencia, para que el sistema público conozca cuales son los recursos con los que cuenta», han señalado desde Podemos Albacete, preguntándose si «existen profesionales que se niegan a practicar estas intervenciones en la sanidad pública, pero que no tienen conflicto moral alguno al practicarlas y cobrarlas en su clínica privada».
Además, han añadido, diversas asociaciones y entidades han hecho pública la realidad las mujeres que interrumpen su embarazo por motivos médicos en algunos de esos centros privados. «Las experiencias, además de dolorosas, conllevan riesgos para su salud emocional y psicológica. La sensación de abandono por el sistema público se suma al miedo a perder la integridad física por las condiciones deficientes de algunos de esos centros», han manifestado.
«Desde Podemos Albacete denunciamos el uso abusivo de la objeción de conciencia, ya que no se ofrece una alternativa pública y de calidad en estos procesos, siendo estas familias expulsadas, estigmatizadas y juzgadas, aumentando así la vulnerabilidad y probabilidad de padecer trastornos físicos y patológicos. Es necesario implementar un protocolo unificado de atención al parto en caso de muerte gestacional, en perinatales y en interrupción del embarazo, además de crear un circuito dentro de la asistencia pública, que permita dichos procesos en los hospitales de referencia», continúan.
