El Ayuntamiento de Manzanares, consciente de la necesidad de las empresas hosteleras de la localidad de ajustar sus locales a la nueva realidad en la que deberán trabajar en los próximos meses, trabaja en medidas que facilitan la adaptación de infraestructuras y terrazas. Así lo anunciaba el alcalde, Julián Nieva, en la última sesión plenaria celebrada.
De este modo, a aquellas empresas que requieran realizar “una obra de reforma, como cafeterías, bares o restaurantes, se les eximirá del pago del impuesto de construcciones”, avanzaba al pleno el regidor municipal, que asegura que se está realizando un importante esfuerzo desde todas las concejalías para paliar los efectos socioeconómicos del COVID-19.
Del mismo modo, se están estudiando las posibilidades de ampliación de terrazas de manera gratuita, “porque para el mismo número de mesas van a necesitar más espacio”, debido al distanciamiento social y las medidas de prevención. Estas medidas, según Nieva, se propondrán para su aprobación al pleno cuando estén completamente definidas.
Cabe destacar que la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de Manzanares cuenta también con bonificaciones de hasta un 95% de la cuota según el número de empleos que generan en Manzanares o la inversión realizada; de este modo, para inversiones de hasta 60.000 euros que generen cinco puestos de trabajo, las empresas pueden beneficiarse de un 75% de bonificación, porcentaje que llega a su máximo cuando se superan los 600.000 euros de inversión y los 50 puestos de trabajo.
Del mismo modo, el Equipo de Gobierno en octubre de 2015 eliminó la tasa de licencia del pequeño comercio, una medida que se está adoptando de manera extraordinaria en otros puntos de la geografía española en estos momentos para incentivar la economía, y de la que el tejido empresarial manzanareño se beneficia desde hace casi cinco años como medida que buscaba revertir los efectos de la crisis, facilitar la instalación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo. El pago por la licencia de apertura estaba fijado en 245 euros, y afecta a bares, tiendas, peluquerías, farmacias, zapaterías, panaderías, talleres, imprentas, y todas las que se corresponden con el comercio al por menor.
La desescalada por fases anunciaba por el Gobierno permitirá a los bares y restaurantes reabrir sus terrazas, bajo unas estrictas normas de higiene y seguridad para evitar contagios, previsiblemente a partir del 11 de mayo si la situación sanitaria de la provincia lo permite, y sin superar un tercio de su ocupación. No será hasta el inicio de la fase 2 cuando se puedan ocupar el interior de los locales, también con aforo a un tercio y sólo para el servicio de mesas.