La cantidad -cada vez creciente- de población de personas mayores en nuestro país, junto al conocimiento de sus necesidades y el desarrollo de la sensibilidad para darles cobertura son, quizá, las variables que más han pesado a la hora de posicionarlas en un espacio relevante dentro de la agenda política.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de 2006, marcó –considero- un hito, al sentar las bases del reconocimiento de las necesidades del colectivo y buscar posibles respuestas a las mismas, desde las propias Administraciones.
Pero a las debilidades -ya conocidas- de falta de presupuesto inicial, de desigual desarrollo normativo entre Comunidades Autónomas, de diferencias sustanciales en el catálogo de recursos y servicios de unos territorios a otros, -aunque dicho lo cual, no se puede dejar de reconocer que la Ley es un instrumento muy potente y ha marcado un claro avance en la dirección de cubrir ciertas necesidades de nuestros mayores- … se suma ahora un nuevo giro de tuerca.
Y es que, a estos “resquicios” aún no solventados -y a los que parece que tampoco se vaya a dar una solución a corto plazo- se añaden las posibles consecuencias de la actual COVID.
No tanto posibles repercusiones de pérdida o carestía de los recursos de tipo asistencial existentes en la actualidad como del impacto que los cambios de hábitos del día a día, introducidos en nuestros mayores con motivo de la pandemia, hayan podido provocar.
Cambios que, debidamente analizados, pueden aportar valiosa información sobre la que partir para dar una “nueva pensada” al Sistema existente en la actualidad. Y a las políticas de envejecimiento activo en particular, como herramientas de prevención de situaciones de discapacidad y dependencia, pero también, como elemento potenciador de los niveles de participación social dentro del colectivo de personas mayores y de éste con el resto de la sociedad.
Hace unos días podíamos leer el anuncio de la colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Complejo Hospitalario de Toledo en la realización de un estudio para conocer el impacto que el confinamiento domiciliario ha tenido sobre nuestros adultos mayores. Y es que el alcance de la situación sin precedentes, experimentada, aún resulta, a todas luces, un enigma. Aunque sí ya se alzan voces de expertos que alertan del presumible impacto psicológico,emocional y físico sobre el colectivo. Tanto sobre aquel que reside de forma habitual en centros, como de aquellos otros que continúan viviendo en sus hogares. Habrá que ver, como digo, hasta dónde dicho impacto, y la relatividad que pudiera marcar el contexto.
Cuanta mayor sea, en definitiva, la información de la que dispongamos, más certera será la toma de decisiones en cuanto a las posibles respuestas a adoptar.
Lo que sí –a bote pronto- parece vislumbrarse es el protagonismo que la participación social con la Comunidad (tan mermada con la pandemia) podría tener. Y haber sido acusado, en mayor o menor medida, en los más duros momentos del confinamiento, con el acceso a las Nuevas Tecnologías y a la Autonomía de cada uno de los individuos.
En cualquiera de los casos, no hablamos de asunto menor. Por ello, la imperiosa necesidad, desde las Administraciones, de contar con información exhaustiva que sirva de referente para reconocer la diversidad y complejidad de las necesidades de nuestros mayores, y con ello confeccionar políticas públicas dirigidas en extremo al cumplimiento de sus objetivos.
