El Gobierno regional está tramitando propuestas de instalaciones de energías renovables en el territorio autonómico “que supondrán la inversión, netamente privada, de 6.000 millones de euros en nuestra comunidad autónoma”, así como la creación de 8.400 puestos de trabajo directos durante la construcción y cerca de 500 empleos para el mantenimiento y la gestión de estas infraestructuras.
Así lo ha destacado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, hoy en Oropesa (Toledo) donde el Gobierno autonómico se reúne para abordar las líneas de actuación para esta legislatura y donde ha especificado y que, en estos momentos, “se está tramitando la instalación de 3.000 megavatios, básicamente de energía eólica” y que se ha solicitado al Gobierno central la instalación de otros 4.800 megavatios”.
Un impulso a las energías renovables que, según ha apuntado, exige un esfuerzo muy importante en materia de planificación por parte del Ejecutivo autonómico y que se ha traducido en la incorporación a la estructura del Gobierno de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, el vicepresidente ha avanzado que el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará en San Clemente (Cuenca), prevé aprobar un programa temporal de empleo que conlleve la incorporación de 34 profesionales a esta Consejería “para dedicarse en exclusiva la gestión de los expedientes de renovables”.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha está diseñando el próximo Programa de Desarrollo Rural del periodo 2021-2026 para poder “empezar a trabajar con los programas operativos del FEDER para ese periodo de programación”, ha explicado el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro.
El objetivo es, tal y como ha apuntado, poder colaborar con el sector agrario de la región “para que siga siendo uno de los pilares básicos de nuestra economía, teniendo en cuenta que el principal trabajo va a ser estar pendientes de la elaboración de la Política Agraria Común (PAC)”.
Martínez Guijarro ha recordado que hoy se debate en Bruselas el recorte propuesto por el Consejo Europeo y que supondría contar con hasta un 13,9% menos de las ayudas de la PAC de las que depende el sector agrario.
Frente a ello, el vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ofrece su apoyo al Ministerio de Agricultura, como ya lo trasladó durante la reunión organizada por el ministro con representantes de las Comunidades Autónomas la semana pasada, para defender una PAC fuerte, “bien dotada financieramente, que se oriente a aquellos profesionales que viven de la agricultura de manera prioritaria y que, además, permita modernizar las explotaciones agrarias”.
En este sentido, Martínez Guijarro ha señalado que las protestas del sector agrario de los últimos días están sirviendo para que el conjunto de la sociedad tome conciencia sobre lo que está ocurriendo con el sector que garantiza la producción con requisitos de seguridad alimentaria y respecto a las condiciones ambientales. “La misma sociedad, a través de la Unión Europea, tiene que garantizar la viabilidad a nuestras explotaciones”.
Finalmente, el vicepresidente ha aludido a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que el Ministerio plantea presentar para este mismo mes, y a la que el Ejecutivo regional pide que el precio que paga el consumidor “tiene que repercutir en el agricultor”.
