El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado la reserva de 77 millones de euros para la puesta en marcha de planes de colaboración en materia de empleo con diputaciones, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro de la región, de los cuales hay 38 millones de euros en el marco de los fondos REACT del programa Next Generation.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la rueda de prensa correspondiente al Consejo de Gobierno, donde ha anunciado también la aprobación de las adendas a los cinco convenios de colaboración suscritos con las entidades provinciales para el Plan de Empleo en vigor, que adapta los términos de financiación a los nuevos plazos de ejecución; y la aprobación, también, del Decreto de ayudas al Consejo Regional de Cámaras de Comercio, para la difusión de las acciones de impulso al empleo de personas jóvenes en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las adendas a los cinco convenios firmados por el Gobierno regional con las diputaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo en el marco el Plan de Empleo regional, para adaptar la financiación del mismo a los nuevos plazos de ejecución de los proyectos, que se han ampliado hasta el 31 de marzo de 2021 con motivo de la crisis sanitaria.
«Esta colaboración ha permitido la contratación de 7.738 personas en el marco de este Plan de Empleo», ha destacado la consejera, que ha especificado que 3.118 de esos contratos «ya han finalizado, y aspiramos a que se inserten de manera activa en el mercado laboral». Patricia Franco ha garantizado la continuidad de esos programas de colaboración, y ha avanzado que el Presupuesto regional para 2021 contempla «77 millones de euros para planes de colaboración con Diputaciones, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro en materia de empleo, de los cuales hay previstos 38 millones en el marco de los fondos REACT del programa Next Generation.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto de ayudas al Consejo Regional de Cámaras de Comercio, para apoyar su labor de difusión, divulgación y asesoramiento de las acciones del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el fomento de la contratación de personas jóvenes en Castilla-La Mancha.
«Esta ayuda se puso en marcha en el año 2018, y desde entonces ha servido para asesorar a más de 1.100 empresas en itinerarios juveniles de inserción y lograr la contratación de 550 jóvenes», lo que supone, ha detallado Patricia Franco, «que una de cada dos empresas a las que ha llegado el asesoramiento y la labor de divulgación de estos programas por parte de las Cámaras de Comercio ha terminado contratado a una persona joven en su plantilla».
PERSONAS EN EXCLUSIÓN
De otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes un nuevo Decreto de ayudas en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región, que cumplirá este miércoles seis meses desde su firma por parte del presidente, Emiliano García-Page, y los agentes sociales.
Patricia Franco ha anunciado la aprobación, en Consejo de Gobierno, del Decreto de ayudas a empresas de inserción, que aumenta casi un 30 por ciento su cuantía para alcanzar los 1,34 millones de euros, destinados a favorecer la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo de las personas en situación de exclusión social, así como para sostener y garantizar la viabilidad de las empresas de inserción. Con éste, ha destacado la consejera, «son ya 14 decretos, 6 órdenes y 11 resoluciones las que se han aprobado desde esta Consejería en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias, habiendo superado los 150 millones de euros».
Las ayudas para las empresas de inserción fueron impulsadas por el Gobierno regional por primera vez en el año 2018. Responden al compromiso del Ejecutivo autonómico de tener «una mirada especial» hacia los colectivos más vulnerables, y dota de continuidad, adaptada a las circunstancias actuales, a una de las líneas de trabajo «que se desarrollaban antes del COVID y que ahora tiene más sentido que nunca», ha detallado la consejera, que ha explicado que el Decreto comprende tres líneas de ayuda.
La primera de ellas es la destinada a la contratación de personas en situación de exclusión social, procedentes de centros de menores, con problemas de drogodependencia y otros trastornos en procesos de reinserción, internos de centros penitenciarios y personas derivadas de los servicios de prevención de la exclusión social, entre otros.
«Las contrataciones deben tener una duración mínima de 12 meses y máxima de 36, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, y la ayuda del Gobierno regional cubre el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional en los primeros 12 meses, el 75 por ciento en el segundo año y el 40 por ciento a partir del tercer año», ha señalado la consejera. «Estas ayudas se incrementan en un 10 por ciento si la persona beneficiaria es una mujer, y en un 20 por ciento si son en zonas ITI o prioritarias».
La segunda de las líneas, ha desgranado Patricia Franco, va dirigida a apoyar el coste laboral de la personas contratadas en empresas de inserción, tituladas como técnicos superiores en Integración Social o equivalentes, que desempeñan su labor como técnicos de mantenimiento o producción, para la orientación laboral y elaboración de planes personales de inserción, prospección de empresas, colaboración en procesos de selección, participación en la selección y supervisión de las tareas de la actividad productiva, entre otros.
En este caso la ayuda es del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, modulándose si la jornada es parcial, y se han establecido módulos en función de las contrataciones que se lleven a cabo por parte de empresas de inserción: con hasta 10 contratos de inserción, un técnico; con entre 11 y 20, dos técnicos; de 21 a 30, tres técnicos; y más de 30 inserciones llevadas a cabo, 4 técnicos.
La tercera de las líneas apoya la contratación de asistencia técnica para la viabilidad de las empresas de inserción, para tareas como estudios de mercado, auditorías contables y sociales y costes derivados de la obtención de certificaciones de calidad. En este caso, la ayuda cubre el 80 por ciento del gasto, con topes de hasta 6.000 euros para estudios de mercado, 1.500 euros para auditorías contables y sociales, y 1.000 euros para certificaciones de calidad.
