Izquierda Unida avisa de que la nueva Ley del Agua no solucionará ningún problema del campo

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha avisado de que la nueva Ley de Agua supondrá un nuevo impuesto para los vecinos, además de que no solucionará ningún problema del campo castellanomanchego.

Desde IU han recordado en nota de prensa que «han transcurrido 17 años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha» y consideran «más que necesario acometer una reforma legislativa que permita adaptarla a una realidad muy diferente a cuando fue aprobada».

A juicio del coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, esta ley debería tener como objetivo principal «el de garantizar el acceso sostenible al agua potable en cantidad y calidad suficientes en los ámbitos de la aducción, la potabilización y depuración de las aguas, analizando para ello que es imprescindible tener infraestructuras eficientes y eficaces».

«Sin embargo consideramos que los objetivos reales de este texto son otros muy diferentes. Por un lado, cambiar el modelo de producción agrícola de nuestra región de secano a regadío y, por otro lado, una Ley que impone los impuestos necesarios para sufragar el programa de construcción de nuevas depuradoras en la región», ha explicado Crespo.

Además el líder de la formación de izquierdas considera que estas obras serán sufragadas con un nuevo impuesto al agua, ya que «se va a cobrar a toda la población un canon fijo de dos euros más otro variable por tramos de consumo de 0,60 euros por metro cúbico consumido a partir de los ocho metros, cuando una familia de 4 miembros consume de media 35 al mes».

«A estos dos cánones hay que añadir otro de 0,39 euros por metros cúbicos por canon de aducción, más otro canon de depuración de 0,55 metros cúbicos. A esto hay que añadir lo que ya pagamos a las empresas que gestionan el agua en nuestros municipios o a el pago que realizamos al ayuntamiento por ese concepto si lo gestiona de forma directa», ha denunciado Crespo.

Por otro lado, el responsable de Acción Política de IU en la región, Txema Fernández, ha explicado que «la Agencia del Agua será el principal gestor del agua de nuestra región y su presidente el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha», a lo que añade que «sin embargo, el artículo 8.4b) del anteproyecto adjudica a la Agencia la ejecución y la explotación de las obras hidráulicas en materia de regadíos».

«Desde nuestra organización ya advertíamos que era un error que la gestión del agua no estuviera en la Consejería de Desarrollo Sostenible y que cayera en el ámbito de la de Agricultura que seguía impulsando un modelo de desarrollo del regadío en una región seca y que además no es capaz de controlar los trasvases que siguen esquilmando los recursos de Castilla-La Mancha para mantener el regadío del Levante. No creemos que sea una buena idea intentar hacer la competencia al Levante desde un modelo con pocas posibilidades de ser viable», ha declarado Fernández.

Según el responsable de Acción Política de IU, «a las industrias agroalimentarias se les va a cobrar 0,40 euros el metro cúbico consumido de agua, mientras que a los campos de golf 0,10 euros el metro. No se van a tener en cuenta el consumo de agua que se hace en función de los metros cuadrados que riega, no se tienen en cuenta los grandes poseedores de tierras y no hay bonificaciones expresas, nada más que para familias numerosas, sin tener en ningún momento el «factor renta» de las mismas».

Por último, consideran en IU que esta ley supone «una nueva presión fiscal a las familias de una región que mantiene unas tasas de pobreza por encima del 35 por ciento y que va a servir para cambiar a un modelo agrícola de regadío e iniciar un programa de grandes obras públicas no dimensionadas de depuradoras, cuyo principal beneficiario serán las empresas constructoras de las mismas y los que acaben gestionando la instalación, donde tampoco se garantiza que sea ningún ente público regional, municipal o supramunicipal».

La formación ha explicado que están trabajando para hacer llegar una batería de enmiendas al Gobierno regional en este periodo de exposición pública.