José Luis Escrivá, actual presidente de la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (AIReF), estará al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que ha creado el Gobierno, según ha confirmado Moncloa, que ha destacado de él su prestigio como economista y las responsabilidades que ha tenido, a lo largo de su trayectoria profesional, en instituciones como el BCE y el Banco de Pagos Internacionales.
Nacido en Albacete en 1960, Escrivá, que será uno de los miembros independientes del nuevo Gabinete, tendrá entre sus retos al frente del Ministerio la derogación de la reforma de pensiones de 2013, el aumento de los ingresos del sistema de Seguridad Social, y la coordinación de una fórmula que garantice la sostenibilidad de las pensiones a futuro.
El próximo ministro de la Seguridad Social, cuyo mandato en la AIReF finalizaba en febrero de este año, es un gran conocedor del sistema de pensiones. Desde este organismo se han realizado numerosos estudios relacionados con las pensiones y su sostenimiento a futuro, que han generado grandes consensos parlamentarios.
TRASPASAR GASTOS «IMPROPIOS» AL ESTADO
Precisamente, en los últimos informes elaborados por la AIReF respecto a la Seguridad Social, el organismo abogaba por desviar parte de los gastos no contributivos que asume la Seguridad Social, y que computan por tanto en su déficit (1,4% del PIB), al del Estado. En detalle, la AIReF considera que la cotización por desempleo podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el SEPE, lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones.
La AIReF sugirió además la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones).
De esta forma, descontando el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, hasta el 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social.
Escrivá, que ha afirmado en varias ocasiones que es «absorbible y manejable» el aumento del gasto en pensiones, ha abogado en varias ocasiones por mantener el poder adquisitivo, no «demonizar» el factor de sostenibilidad, acometer reformas paramétricas como la realizada en 2011, alcanzar una edad efectiva de jubilación de 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral.
SU GRAN RETO: LA REFORMA DE PENSIONES
Así pues, el gran reto de Escrivá en esta legislatura será la reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo, tras meses de negociación, se disolvió en febrero de 2019 sin alcanzar ningún acuerdo y es previsible que vuelva a constituirse en esta legislatura para retomar la discusión sobre el futuro del sistema.
Las organizaciones sindicales reclaman que las pensiones se liguen al IPC (el Gobierno se ha comprometido a revalorizarlas un 0,9% en 2020), así como derogar la reforma de 2013 para, entre otras cuestiones, acabar con el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que debía entrar en vigor el próximo año pero que se ha retrasado hasta 2023.
Con el Fondo de Reserva en unos 2.150 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual de pensiones) y un déficit de los fondos de la Seguridad Social que se prevé que supere los 17.000 millones de euros en 2019, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay.
En el acuerdo programático acordado entre el PSOE y Unidas Podemos se apostaba por garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, se pretende eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO MÍNIMO VITAL
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos «impropios» y revisando las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
TRAYECTORIA PROFESIONAL DE ESCRIVÁ
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid con estudios de posgrado en Análisis Económico en la UCM y en Econometría en el Banco de España, Escrivá (Albacete, 1960) fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea desde 2012 hasta su incorporación a la AIReF en marzo de 2014.
Anteriormente, desempeñó diferentes puestos en el Banco de España, fue asesor del Instituto Monetario Europeo y, desde el inicio de la Unión Monetaria, jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo.
Entre 2004 y 2010 fue economista-jefe y director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA y, posteriormente, director general del área de Finanzas Públicas del mismo grupo.
