El concepto “Patrimonio” viene sufriendo en los últimos tiempos un abuso y manoseo que diluye su significado y desvirtúa peligrosamente su relevancia social. Debemos ser conscientes de que el Patrimonio Histórico-Artístico no se reduce a un amasijo de piedras bien dispuestas, “montones de piedras” dicen algunos de forma simplista y despectiva, sino que engloba al conjunto de bienes materiales e inmateriales que hemos heredado de nuestros antecesores. En consecuencia, su valor está íntimamente ligado a nuestra identidad y a nuestra forma de ver el mundo, a cómo lo vieron antes que nosotros y a la proyección que hacemos de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra arquitectura, de nuestra tradición.
El Monasterio de Uclés, el Castillo de Belmonte o la Catedral de Cuenca son ejemplos que se asocian de forma instintiva al concepto de bien patrimonial. No obstante, no está de más recordar que también forman parte de nuestro patrimonio muchos otros monumentos que no han corrido la misma suerte con el devenir del tiempo como el Convento de los Franciscanos de Torrejoncillo del Rey o el Palacio de los Gosálvez de Casas de Benítez. Y, por supuesto, también otros bienes inmateriales como las danzas de paloteo que siguen vivas en las festividades de muchos pueblos como Montalbo o Iniesta, la Endiablada de Almonacid del Marquesado, la Trashumancia por la cañada real de Los Chorros o las Maderadas de los Gancheros por el Escabas y el Júcar.
Ahora que está de moda el concepto “apropiación cultural”, se podría inferir el concepto “apropiación política” para hacer referencia al anhelo de confiscación de un valor con fines políticos y partidistas. No se debe pensar en el Patrimonio como en un territorio en el que clavar la bandera propia o enterrar la clavada por otro, sino como un compromiso que a todos incumbe tanto por razones económicas, debido al potencial turístico de muchos rincones de la provincia, como por razones de justicia histórica, debido a la responsabilidad íntima con la herencia de nuestros ascendientes.
Y por lo expuesto, precisamente, resulta desalentador que las buenas intenciones se queden tantas veces en el trastero cogiendo polvo. En este contexto de sensibilización y “apropiación política” no se pueden entender dos decisiones puntuales tomadas por dos instituciones gobernadas por el PSOE como la Diputación Provincial de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De un lado, Martínez Chana ha propuesto y aprobado en la institución provincial una reducción del remanente destinado a “inversiones en conservación y rehabilitación de patrimonio” desde 7 millones hasta 2,92 millones de euros, una merma de más de la mitad de lo presupuestado por la anterior Corporación presidida por Benjamín Prieto. Esta decisión implica la no ejecución de varias inversiones ya aprobadas, con el consiguiente perjuicio e inseguridad para los proyectos afectados.
Del otro lado, y más flagrante, resulta la decisión de Page puesto que el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la JCCM para el año 2020 reserva la injustificable cifra de 137.860 euros en la partida “bienes patrimonio histórico, artístico y cultural”. Podría parecer una broma pero esa es la cantidad que Page presupuesta para inversiones en bienes patrimoniales para el conjunto de Castilla-La Mancha de cara al próximo ejercicio.
Invade la tristeza y la decepción cuando se escuchan discursos de defensa del Patrimonio, de potenciar recursos turísticos y de conservar el pasado para enriquecer el futuro en boca de aquellos cuyas decisiones van en dirección contraria. La “apropiación política” del Patrimonio por parte de los socialistas Martínez Chana y García Page se diluye en sus presupuestos. Por sus hechos los conoceréis.
