La Cuenta General del Ayuntamiento de Manzanares correspondiente al ejercicio 2016 quedó aprobada en la sesión plenaria celebrada en la tarde de ayer. En cuestiones de tesorería, también se aprobó la contratación de dos operaciones a un año por importe de 2.250.000 euros cada una para aliviar tensiones de tesorería, seguir pagando las nóminas, a proveedores a 60 días como se viene haciendo hasta la fecha, y otras necesidades puntuales. Por cada millón de euros al años, se pagarían 100 euros y el coste de la operación, al no tratarse de un préstamo, siempre dependerá del límite de crédito gastado, una oferta calificada de “muy ventajosa” por el portavoz de Izquierda Unida.
Esta gestión se viene realizando históricamente, tal y como señaló la portavoz del Equipo de Gobierno, Beatriz Labián, y no supone endeudamiento para el Consistorio, como acusaba el concejal de UPyD durante su intervención, “lo niego rotundamente”, aclaraba Labián, a la vez que recordaba que la cantidad de deuda reducida por el actual Gobierno “ha sido mucho mayor que en la anterior legislatura, que encima creció”. Asegurando que se cerrará el mandato amortizando mucha más deuda de la generada, Beatriz Labián también matizó que al finalizar la legislatura dejarán una ciudad “más limpia, accesible, cuidada y atractiva, con menor carga fiscal, con más oportunidades, con más servicios y desde luego con menos deuda”.
Sánchez-Maroto criticó que el concejal de IU apoyara está operación, “ha olvidado hasta lo que significan las siglas de IU”, señalaba argumentando que para Miguel Ramírez todo lo que hace el Equipo de Gobierno “está bien”. El PP se abstenía en la votación, en la que votaban en contra ACM y UPyD. Antes de la misma, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, aclaraba que en el pasado año dos tercios del dinero preparado para los mismos objetivos que esta operación “ni se tocó”, algo que se prevé que pueda ocurrir también este año. Justificó la necesidad de contratarla para pagar “con agilidad, y en el menor tiempo posible”, y conseguir así que la administración funcione con normalidad.
Del mismo modo, el primer edil recalcó que el Ayuntamiento recauda menos dinero que en la anterior legislatura tras las bajadas de impuestos como el IBI o las tasas municipales, algo que afecta a la tesorería municipal, pero que es preferible para el Equipo de Gobierno porque “lo que hemos hecho es destensionar la tesorería de los vecinos”.
Defensa de los símbolos nacionales
En las casi cinco horas de debate que conformó la sesión plenaria, el punto de mayor tensión se detectó al hablar de la defensa de los símbolos nacionales tras la interpelación del Partido Popular, un asunto que ya se ha rechazado por el Congreso de los Diputados y que fue criticado por el resto de la Corporación Municipal. La portavoz del Equipo de Gobierno se preguntaba qué sentido tenía debatir ese asunto en el pleno, si ya había sido rechazada por toda la Cámara, “lugar en el que hay que hacerlo y debatirlo” y aseguraba que la definición de las obligaciones y las posibles sanciones a los que no respeten los símbolos nacionales u oficiales ya están definidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Tras ello, Rebeca Sánchez-Maroto criticó a Miguel Ramírez por haberse negado a apoyar esta propuesta en Comisión de Gobierno, y acusó a la portavoz de ACM de que su negativa viniera por manifestar que el tema provoca enfrentamiento. Por alusiones, Julián Nieva dio la palabra a ambos grupos políticos que defendieron sus posturas y mostraron su respeto a los símbolos.
Julián Nieva calificó esta interpelación de “error mayúsculo” por querer debatir un asunto ya cerrado en órganos superiores “donde está representada toda la ciudadanía, aunque no nos guste el resultado”. También criticó que se citaran frases literales de los portavoces de otros partidos “en un órgano que no es público”, como es la Comisión de Gobierno. Por todo ello, y asegurando que “no nos beneficia este debate”, pidió que no se traigan este tipo de propuestas al pleno local, y que no “repartan carnets” de buenos o malos españoles.
Ruegos, preguntas e interpelaciones
La subida del salario mínimo interprofesional supondrá en torno a 70.000 euros para el Ayuntamiento de Manzanares en cuanto al Plan Extraordinario de Empleo se refiere, incluyendo la cotización a la Seguridad Social. Del mismo modo, también repercutirá en 22.000 euros a las arcas municipales por quienes participen en las 30 plazas restantes del Plan de Empleo Municipal, y afecta a tres categorías profesionales de las bolsas de empleo que ya se han modificado. Así lo confirmaba Pablo Camacho, concejal de Empleo, tras la pregunta de Jerónimo Romero-Nieva, y con “enorme satisfacción”, Camacho confirmó que se hace efectivo el decreto que “permite que los trabajadores mejoren sus retribuciones y tengan condiciones laborales más justas”.
También durante el turno de ruegos, preguntas e interpelaciones, el Partido Popular presentó una interpelación para conocer qué empresas están interesadas en la Fábrica de Harinas; Julián Nieva no facilitó dichos datos por cuestiones de privacidad de las propias empresas, así como para evitar entorpecer relaciones empresariales. Rebeca Sánchez-Maroto aseguró que la Fábrica se podría vender en la actualidad por 3 millones de euros, una cifra falsa para el regidor municipal que criticó que se comprara en estado ruinoso, como también aseguró que se encontró la Casa de Josito. Nieva recriminó al Partido Popular “ser generosos” cuando compran y cuando venden, puesto que se vendió una parcela industrial a mitad de precio, permutaron terrenos del polígono a cambio de la Fábrica de Harinas, y compraron a precios más elevados terrenos como el de la vía verde del Molino Grande.
Entre otros asuntos tratados durante este espacio, también se habló sobre los actos de homenaje por el brote de legionela, el traslado del servicio técnico, la reforma integral del IES Azuer que llevará a cabo el Gobierno Regional, las tasas de ocupación del Centro de Empresas y el Vivero, la emisión en pruebas de la televisión municipal, los expedientes de tráfico por exceso de velocidad, o los costes de algunas de las obras realizadas durante la legislatura.
