La Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF) continuará trabajando para recuperar derechos, subir salarios y aumentar las plantillas de empleados públicos en Castilla-La Mancha, «comunidad autónoma muy castigada por la crisis y concretamente por la todavía vigente Ley 1/2012 del Plan de Garantías de Servicios Sociales, conocida como ‘Ley Cospedal'».
CSIF celebra que la capacidad negociadora en 2018 haya logrado una subida salarial del 2,25% desde enero de este año (se sumará otro 0,25% ligado al objetivo del PIB), así como el regreso de la jornada laboral de 35 horas y el fin de las penalizaciones económicas por incapacidad temporal, ha informado el sindicato en nota de prensa.
Estas medidas, según recuerda, fueron plasmadas a nivel nacional en marzo del pasado año con el Ministerio de Hacienda en el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público e implantadas sucesivamente en las diferentes comunidades autónomas.
La Central Sindical celebra la subida salarial, que podría superar el 8% en 2020 de acuerdo a los objetivos de déficit. No obstante, CSIF es consciente de que no es suficiente después de que los empleados públicos de la región hayan sufrido una pérdida salarial acumulada del 16,5% desde 2012.
Por ello, el sindicato continuará reclamando al Gobierno regional mayores esfuerzos en un Acuerdo de empleados públicos aún sin firmar: debe aprobar la disposición de un 0,35% de fondos adicionales para 2019 y recuperar el 0,4% de masa salarial para el Plan de Acción Social.
Asimismo, en este 2019 se llevarán a cabo diversos procesos selectivos con el objetivo de reducir la tasa de interinidad y paliar la merma de efectivos sufrida en los últimos años: en Castilla-La Mancha se convocarán 1.413 plazas para el Sescam, 1.050 para Educación y 979 para Administración General de la comunidad autónoma (496 para personal funcionario y 483 para personal laboral). Además, se convocarán más de 17.000 plazas en Administración General del Estado y 4.055 en Correos.
CSIF entiende que las sucesivas ofertas de empleo públicas deben mantenerse en diferentes anualidades y ser lo más amplias posibles después de la destrucción de casi 16.000 puestos de trabajo en la Función Pública de la región en los últimos nueve años.
