Este seis de diciembre coincide con el inicio de una nueva legislatura, la decimocuarta desde la recuperación de la democracia. Se cumplen cuarenta y un años, ya, desde que los españoles refrendamos mayoritariamente el texto de una Constitución bajo cuyo amparo nuestra nación ha alcanzado el mayor grado de desarrollo económico, social y reconocimiento internacional tenido a lo largo de la historia. En estas décadas, su articulado ha marcado claramente los límites por donde debía discurrir nuestra convivencia.
El pueblo español ha sabido jugar esa partida con inteligencia. Pese a su longevidad, la de 1978 es de momento la segunda Constitución con más años de vigencia, sus disposiciones nos han servido de guía para pilotar el tránsito hacia la modernidad, la libertad y la incorporación de España al concierto internacional desde el final de la Dictadura al presente de un país que hoy acoge la Cumbre del Clima y que atrae sobre nosotros la atención y miradas de todo el mundo.
Pero la Constitución que tanto bueno nos ha dado no puede convertirse en arma arrojadiza de unos contra los otros. En momentos en los que España necesita consolidar un gobierno estable tras las elecciones del pasado mes de noviembre, conviene reafirmar nuestro compromiso constitucional. Debemos hacerlo no por intereses partidarios o frentistas, sino por sólida convicción en que nuestra Carta Magna es garantía de unidad entre todos los españoles y españolas, respetando e integrando nuestras peculiaridades territoriales y siendo firme soporte para que el Estado, con todas las instituciones y poderes que lo conforman, esté capacitado por dar respuesta a cuantos desafíos puedan planteársele.
Esa tranquilidad que nos confiere la fortaleza constitucional es la misma con la que los partidos políticos y la sociedad española hemos de afrontar, si llega el momento, la reforma de nuestra Carta Magna. En estos cuarenta y un años, los Estatutos de las comunidades autónomas desarrolladas al amparo de la Constitución han ido modificándose y adecuando su contenido las nuevas realidades sociales de sus territorios. Perfeccionar lo existente no es malo ni perverso. Incorporar a su articulado nuevos derechos fundamentales, profundizar en la protección social, la sanidad y la educación, garantizar las pensiones o reconocer, y no solo con cambios semánticos, los derechos a las personas discapacitadas, no debe levantar recelos. Y si el consenso se consigue para lo uno, por qué hemos de desdeñarlo “a priori” para lo otro.
Durante este año los ayuntamientos españoles también estamos de celebración. En el pasado mes de abril se cumplieron cuarenta años desde nuestras primeras elecciones democráticas al amparo de la vigente Constitución. En estas décadas, las administraciones locales hemos tenido un papel insustituible en la consolidación del Estado.
El reconocimiento de nuestra autonomía nos permitió ganar fuerza social y política en pueblos, ciudades y provincias, multiplicando responsabilidades y servicios prestados a los ciudadanos. Somos entidades adultas y responsables que en estos últimos años estamos realizando un grandísimo esfuerzo por equilibrar los déficits y endeudamientos públicos de nuestra nación, siendo las administraciones más cumplidoras de todas. Es justo, por tanto, que encontremos nuevas vías para mejorar nuestra financiación e impulsar reformas legislativas en el ámbito local, Queremos que las puertas de nuestras Casas Consistoriales sigan siendo amplios postigos por donde los ciudadanos continúen percibiendo la grandeza y bondad de una Constitución que estos cuarenta y un años ha posibilitado nuestro crecimiento y desarrollo como nación plural, libre, democrática, madura y con enormes ganas de no dejar escapar el futuro, ni dejar olvidado a nadie. En eso estamos.
