El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avisado de que mirará «con lupa» cuáles van a ser los argumentos que esgrima el Gobierno de Pedro Sánchez en la reunión para abordar un posible recurso a la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de la región.
Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno esta semana.
«No sería la primera vez que hay un malentendido con el Gobierno de España y finalmente el Tribunal Constitucional da la razón a la comunidad autónoma», ha recordado.
Es por ello que ha invitado al Gobierno de España a que, «si hubiera alguna discrepancia desde el punto de vista competencial», lo mejor que puede hacer el Congreso de los Diputados es «copiar cada punto, coma y letra» de la ley de violencia de género de Castilla-La Mancha y plantearla como una ley nacional y «así se acaba ese defecto de forma».
No obstante, Hernando entiende que «no hay defecto de fondo» y lamenta que se discuta sobre este tipo de cuestiones «cuando están asesinando mujeres».
Finalmente, se ha comprometido a que, si en algún momento «las conquistas» que han conseguido las mujeres en este país se ven «amenazadas», el Gobierno de Castilla-La Mancha, «que es un gobierno feminista», lo combatirá «con argumentos y sensatez».
EMPRESA RASPEIG
Preguntado por el conflicto en la empresa Raspeig, adjudicataria de la limpieza de varias sedes de la Junta, cuyas trabajadoras llevan dos mensualidades sin cobrar, según CCOO, Hernando ha reconocido que «al ser una empresa adjudicataria hay menor control sobre lo que se puede exigir».
Ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha intentó poner en marcha unas cláusulas sociales para todos los contratos públicos de la Junta «para evitar este tipo de abusos» pero, sin embargo, fueron recurridas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Estas cláusulas sociales, ha proseguido, están hoy suspensas porque el Gobierno de España en aquel momento «no quiso que pudiéramos defender los derechos de los trabajadores».
También ha criticado la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Congreso de los Diputados porque es «una verdadera vergüenza» ya que «pone en duda en todo momento a las adjudicatarias» y «estrangula» cualquier capacidad de una administración pública a poder realizar contratos.
