La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, por explotar laboralmente a unas 600 víctimas de trata de seres humanos en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios como aceituna, uva o fresa, con detenidos en varias provincias, entre ellas Albacete.
Se han detectado en España un total de 145 víctimas del delito de trata de seres humanos, habiendo sido identificadas y posteriormente liberadas 18 de ellas, de nacionalidades rumana y moldava. En la operación de la Unidad Central Operativa (UCO), han sido detenidas 16 personas y otras cinco están investigadas, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Entre los detenidos figuran miembros de la organización criminal y empresarios de distintas provincias españolas, que disponían de la mano de obra de estas personas ilegalmente utilizando para ello la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España.
Las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.
CINCO EMPRESARIOS INVESTIGADOS
La operación se ha saldado con la detención de 16 personas en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, todos ellos integrantes de la organización criminal investigada, los cuales realizaban labores de captación, traslado y control de las víctimas, entre los que también se incluyen cinco empresarios que actuaban en connivencia con esta organización.
El ámbito geográfico de actuación abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada. La investigación contó con la colaboración de miembros de Europol especializados en este tipo de ilícitos penales.
Los «captadores» de la organización aseguraban a las víctimas que, una vez en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto laborales como de vida, algo que posteriormente se incumplía, «viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer», según ha informado la Guardia Civil.
A las víctimas de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original y les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, con el fin de simular una situación de estancia regular en el país.
MÁS DE UN MILLONES DE EUROS AL MES
Los principales miembros de la organización disfrutaban de un alto nivel de vida, llegándose a acreditar a la largo de la investigación que este grupo criminal podía llegar a facturar mensualmente más de un millón de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.
También han sido intervenidos cinco vehículos, con los que la red realizaba los traslados de las diferentes víctimas, así como otros 2 de alta gama, utilizados por los líderes de la organización para sus diferentes desplazamientos.
En la operación se han llevado a cabo 15 registros, cuatro de ellos en explotaciones agrarias en las que las víctimas estaban siendo explotadas laboralmente. Para estos registros se contó con la colaboración de personal del Ministerio de Trabajo, que apoyaron y complementaron el trabajo de los agentes actuantes en el dispositivo.
La operación ha sido llevada a cabo por un grupo conjunto de trabajo formado, entre otros, por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén y la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huelva, Albacete, Córdoba y Badajoz.
Se ha tomado declaración a 150 potenciales víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, para lo que fue necesario contar con el apoyo de más de veinte traductores del idioma rumano/moldavo, dado que gran parte de las víctimas no entendían el idioma español.
Para la Guardia Civil, «uno de los mayores logros» de la investigación es que, gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de Trabajo, actualmente algunas víctimas se encuentran trabajando y se han integrado plenamente en el ámbito laboral, gracias a la colaboración de ONGs y de un empresario del ámbito de la explotación de los frutos rojos en la provincia de Huelva.
