La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones efectuadas por el Gobierno para paralizar la autorización de construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).
A petición propia, la ministra expondrá ante la Comisión para la Transición Ecológica las razones del Gobierno para paralizar este proyecto acordado por el Parlamento en 2006, hace ya doce años, y que de acuerdo a las estimaciones iniciales debía haber entrado en funcionamiento en 2017. Sin embargo, el año pasado la Cámara Baja instó al Gobierno a repensar la ubicación del silo nuclear así como la paralización del proyecto en sí mismo.
Durante su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica el 11 de julio, en la que expuso las líneas generales de su actuación ministerial, Ribera anunció la intención del Gobierno de echar el cierre a todas las centrales nucleares españolas cuando estas cumplan sus 40 años de vida útil en su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del Partido socialista».
«El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que se introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central», ha precisado.
Asimismo advirtió de que sería «necesario repensar el mercado» y habló de ordenar los distintos actores, «viejos y nuevos» teniendo en cuenta los avances tecnológicos. Si bien, entonces la ministra añadió que era preciso abordar las «obligaciones relacionadas con ese final» y que se deberá contemplar tanto el coste financiero, como las necesidades técnicas, de ingeniería así como la gestión de los residuos peligrosos.
La ministra afeó al anterior Gobierno no haber encontrado a su llegada un plan nacional de seguridad de los residuos ni siquiera el coste de la gestión de los residuos nucleares o bien la cantidad de residuos existente.
En aquella ocasión, también avanzó que el Ejecutivo impulsaría un «paquete de medidas urgentes» y antes de la remisión al Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que el Gobierno apostaría por aprovechar los «saltos tecnológicos» en el sistema energético.
Entre esas medidas, una semana antes de la comparecencia, el día 5 de julio, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, había enviado una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que solicitó al regulador nuclear la suspensión de la autorización de construcción del ATC. La primera autorización, la de emplazamiento en Villar de Cañas (Cuenca), ya estaba concedida.
La solicitud no trascendió hasta el 18 de julio, cuando la ministra explicó que le parecía «prudente sentar las bases» para conocer las dimensiones y características que esta instalación debía tener. Una semana más tarde, el 25 de julio, el pleno del CSN analizó la petición y la aprobó por unanimidad.
El Ministerio vincula la suspensión de su tramitación a que el departamento está diseñando la estrategia energética para la próxima década
En aquella fecha de mediados de julio, fuentes del CSN que el regulador había autorizado previamente en 2015 la solicitud de autorización previa remitida por Enresa al Ministerio de Industria y por éste al CSN -al igual que la solicitud ahora suspendida-, pero hasta el momento, según recuerdan fuentes del organismo regulador, el Gobierno no la había hecho suya.
En el acuerdo unánime del pleno del consejo se aprobó un plan para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización del almacén para los residuos nucleares y el combustible gastado del parque nuclear y para documentar de forma ordenada todas las actuaciones realizadas hasta la fecha o bien que estén en curso con el fin de su mejor aprovechamiento futuro en caso de que proceda.
Hasta el momento, el CSN informó de que ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98 por ciento de los trabajos inicialmente planificados.
El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, ha informado el CSN en un comunicado.
