El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha ratificado una sentencia de un juzgado toledano que da la razón al sindicato STE frente a la Consejería de Educación considerando que el bloqueo de determinadas plazas de docentes correspondientes al Concurso General de Traslados del año 2014 no se realizó conforme a la normativa, por lo que dichas plazas debieron adjudicarse a los funcionarios que las solicitaron.
Según explica el sindicato, la sustracción de las plazas que aparecen en la Resolución recurrida, de mayo de 2014, no se negoció en mesa sectorial, por lo que desde STE se consideró ilegal.
«Ahora se nos da la razón, estableciendo la sentencia la nulidad de la Resolución recurrida y estableciendo que se deben adjudicar dichas plazas a los funcionarios que las solicitaron», argumentan desde la formación sindical, avanzando que «por la gravedad de la situación, se ha solicitado una reunión de forma urgente con el director general de Recursos Humanos para exigir la ejecución de sentencia».
Como antecedentes, recuerda STE que en mayo de 2014 la Consejería procedió mediante la publicación de la Resolución ahora rebatida a «bloquear indiscriminada y unilateralmente todas las plazas de Apoyo al Área de Lengua y Ciencias Sociales y Apoyo al Área de Ciencias o Tecnología, todas las plazas de Servicios a la Comunidad de FP en Unidades de Orientación y 39 plazas de Secundaria que eran reservadas para ofertarlas con perfil lingüístico».
«Desde STE-CLM consideramos que era ilegal, ya que la propia convocatoria del concurso establece que serán objeto de adjudicación todas las plazas existentes a fecha 31 de diciembre, y presentamos un recurso de alzada ante Educación, que fue desestimado, por lo que finalmente acudimos a los tribunales», inciden en su nota de prensa.
Además, critican desde STE que, si bien la Resolución recurrida databa del Gobierno del PP, el juicio tuvo lugar en marzo del 2016, «es decir, ya con el Gobierno del PSOE en el poder, y a pesar de conseguir en ese momento sentencia favorable, la Consejería de Educación recurrió».
En los fundamentos de Derecho esgrimidos en el pronunciamiento del TSJCM que ratifican la sentencia inicial, considera el Alto Tribunal que se constata una «flagrante vulneración del derecho constitucional al acceso a puestos públicos bajo el principio de igualdad».
