El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado este jueves el compromiso del Gobierno regional de no autorizar ninguna granja porcina que no quieran los ciudadanos de los municipios donde se presenten.
Así se ha pronunciado el consejero durante el debate del pleno de las Cortes en la región presentado por el Grupo Parlamentario Podemos relativo a la instalación de macrogranjas de porcino en la Comunidad Autónoma.
Martínez Arroyo ha dicho a Podemos que el debate que ha planteado «no existe» y que la expresión macrogranja se utiliza de una manera «torticera» en este caso. «Hay una intencionalidad política que responde a un interés en absoluto objetivo», ha señalado.
Así, tras defender que hay proyectos rentables que hacen que Castilla-La Mancha sea líder en producción de carne de cerdo, se ha referido a la empresa Incarlopsa a la que ha aludido el diputado de Podemos David Llorente para afirmar que es a empresa privada con mayor número de trabajadores de la región.
Por ello, ha defendido a aquellas empresas que generan empleo en la región y que pagan sus impuestos en las Comunidad Autónoma. «No es conveniente excluir esta parte del debate», ha señalado, para agregar, no obstante, que la Junta garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental en todos los proyectos que se presenten.
Martínez Arroyo ha explicado que es una realidad que el sector del porcino genera purines pero que también es cierto que «cumple» porque tiene un nivel de exigencia enorme, ya que todas las empresas están obligadas a establecer una balsa y darle uso a esos purines.
«En Castilla-La Mancha se cumple la normativa ambiental y de control animal y si se detectan anomalías se sanciona a las empresas», ha concluido el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
LA PROPUESTA DE PODEMOS NO SALE ADELANTE
El pleno de las Cortes ha rechazado, con los votos en contra de PSOE y la abstención del PP, la propuesta de resolución de Podemos que pedía, entre otros asuntos, dejar de promover «y apoyar económicamente la instalación de macrogranjas de porcino» y «promover el turismo rural y la ganadería intensiva.
El diputado del Grupo Parlamentario Podemos David Llorente, encargado de defender su postura, ha puesto el acento en que el Gobierno de García-Page «no sólo permite estas granjas sino que además las subvenciona» obviando los perjuicios e impactos negativos que ello supone.
Estas acciones han motivado la aparición de plataformas contra estas macrogranjas a nivel local, para luchar contra instalaciones que «perjudican el medioambiente».
Así, se ha referido a un informe del Gobierno socialista de José María Barreda que alertaba del impacto de estas granjas y llamaba a controlar estas explotaciones por ser «fuentes emisoras de gases».
«El propio informe de la Junta dice que los sistemas semiextensivos y extensivos pueden continuar siendo una alternativa para mantener el equilibrio», ha añadido, acusando al Gobierno actual de hacer «justo lo contrario» de lo que propugnaba el PSOE en el pasado.
Según ha dicho, con estas acciones es la primera vez que este tipo de ganadería intensiva prolifera en la región, «abriendo el grifo público para empresas como Incarlopsa o El Pozo y desoyendo los propios informes de la Junta».
Ha repasado algunos de los proyectos autorizados por la Junta, como una macrogranja en Almendros (Cuenca) que contempla una gran balsa de purines y un gasto «ingente» de agua. «No queremos tampoco este trasvase. Esto no es gestión sostenible». También ha rechazado que estas granjas sean nichos de empleo, añadiendo que los bajos precios que pueden permitirse ponen en peligro otros puestos de trabajo y «agrava el problema de la desaparición».
Además, ha querido alertar del «malestar» que padecen los cerdos, «maltratados, drogados, sin movilidad y cebados». Como ejemplo, ha hablado del matadero de la localidad de Tarancón, donde «veterinarios funcionarios de la Junta dicen que la empresa incumple la norma de Bienestar Animal».
PSOE: «LA GANADERÍA PORCINA ES UN MOTOR ECONÓMICO»
De su lado, el diputado del PSOE Emilio Sáez ha enfatizado que el sector porcino es casi el 22% del sector ganadero, una parte «importante» que además representa la quinta parte de producción de sector primario, tras viñedo, cereal, frutas y hortalizas.
«Hay que tener en cuenta a este sector, sin que eso menoscabe las normas medioambientales, sanitarias, de protección animal o de agua», ha dicho, añadiendo que Castilla-La Mancha produce unas 300.000 toneladas de carne de cerdo.
Ha subrayado que son más de 6.000 empleos directos los generados por la ganadería porcina; que se exporta por 180 millones de euros al trimestre; y que todas las explotaciones respetan las normas europeas, fijando población e impulsando el medio rural.
Además, ha recordado que hay un Real Decreto estatal que marca las normas de instalación de estas instalaciones, detallando incluso la distancia mínima que han de guardar del casco urbano de una localidad en un kilómetro, si bien Castilla-La Mancha ha regulado doblar esa distancia.
«Del total de peticiones, todas han sido aprobadas por licencias municipales de ayuntamientos, menos una que ha rechazado este Gobierno porque medioambientalmente no era conveniente», ha apuntado.
PP: «PODEMOS PONE UNA VELA A DIOS Y OTRA AL DIABLO»
El parlamentario del Grupo Popular Antonio Martínez ha preguntado desde el estrado «qué pretende Podemos» al traer este debate, diciendo a David Llorente que está ejerciendo un «papelón de Oscar», ya que desde el mes de diciembre ya se han autorizado once granjas por parte de un Gobierno del que forma parte la formación morada.
«Podemos es Gobierno, tiene un vicepresidente, y en cambio, poniendo una vela a Dios y otra al Diablo», ha afeado Martínez, quien ha pedido a Llorente que explique «dónde tiene la coherencia».
Sobre el posicionamiento de su Grupo, ha dicho que siempre defenderán aquellas iniciativas que creen riqueza y empleo, «pero siempre que cumplan las normas».
También ha querido llamar la atención al respecto de la tasa de granjas porcinas en la región, «sólo un 2% del total de España», al tiempo que ha querido reconocer la labor de los profesionales del campo que trabajan en el sector.
Tras insistir en que hay que exigir el cumplimiento de obligaciones sanitarias y de bienestar animal, ha considerado que el sector «aporta mucho al medio rural y económico».
Por último, ha pedido al Gobierno que haga públicas las inspecciones y sanciones impuestas a las empresas impulsoras de macrogranjas para así «dar más transparencia» a su forma de actuar al respecto. «Podemos se queda sólo intentando demonizar a este sector», ha zanjado.
