Después de más de 10 años de litigio, una veintena de ayuntamientos de la provincia de Albacete pueden por fin respirar tranquilos. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia emitida en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les exime de tener que hacer frente a pagos millonarios que les reclamaba la Confederación Hidrográfica del Júcar por unas obras de canalización en tiempos de sequía que aprobó el Estado y que ellos “ni pidieron ni conveniaron”.
De esta forma explicaba el alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano, la satisfacción que han sentido al recibir hace unos meses esta sentencia definitiva, que de manera paulatina está llegando a cada una de las poblaciones afectadas.
DAVID CONTRA GOLIAT
“David ha ganado a Goliat”, ha asegurado, porque no tendrán que pagar las tarifas que les “querían imponer desde la confederación”. Tarifas, que en el caso de Peñas suponía un desembolso anual de 100.000 euros durante 25 años, hasta cubrir 2,7 millones de deuda, o de 136.000 en el caso de Alcadozo, hasta pagar un total de 3,4 millones de euros que es en lo que estimó la confederación esta macroobra consistente en una tubería de 30 kilómetros para llevar agua desde Albacete a esos pueblos.
Fueron precisamente los alcaldes de estos dos municipios, junto con el de Pozohondo los que acudieron a la Diputación de Albacete para pedir amparo legal que les permitiese acudir a los tribunales y revertir esta situación “injusta”.
“Nosotros no teníamos problemas de agua, nos abastecíamos de nuestros pozos subterráneos y no necesitábamos una conducción e 30 km”, ha explicado el alcalde de Peñas, que ha asegurado que a los tribunales acudieron cuando ya vieron que por la “vía pacífica”, es decir, en los despachos, no se solucionaba nada.
“No podíamos hacer frente a esos gastos que no habíamos pedido y que nos habían impuesto” y “teníamos que poner todo de nuestra parte para defender los intereses”, ha asegurado el alcade de Alcadozo, Ángel Alfaro.
Tras esta larga pelea, decidieron impugnar todas las liquidaciones ante el TSJ de la Comunidad Valenciana y en 10 de julio de 2014 obtuvieron la primera sentencia favorable para ellos, y aunque la abogacía del Estado la recurrió ante el Supremo, éste también les daba la razón el pasado mes de febrero.
De esta forma, se pone punto y final a una batalla que de no haber tenido este desenlace les habría costado 14 millones de euros a 20 pequeñas poblaciones de Albacete, que habría hipotecado durante décadas a sus vecinos.
