martes, 5 noviembre, 2024

Denuncian que el Ayuntamiento de Albacete quiere “demoler para volver a levantar”, en lugar de defender el patrimonio de la ciudad

Después de que hace dos años, muchos vecinos y colectivos denunciaron la retirada de las  famosas rejas de la calle Ancha, ahora el contrato para elaborar un nuevo catálogo de bienes protegidos ha quedado desierto

Vuelve la polémica a Albacete por la defensa de su patrimonio histórico y cultural. Después de que hace dos años, muchos vecinos y colectivos denunciaron la retirada de las  famosas rejas de la calle Ancha, para sustituirlas por otras más modernas, tras la rehabilitación de un edificio, se decidió elaborar un nuevo catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad, ya que el que hay –de 1999- se había quedado obsoleto.

El problema es que se sacó a concurso, el plazo terminó el lunes y se ha quedado desierto, según el grupo municipal de Ganemos Albacete, porque el actual equipo de Gobierno del PP ha querido pagar “muy poco” por un trabajo “faraónico”.

Según ha asegurado la edil de Ganemos, María José Simón, las condiciones del pliego de condiciones hacían “imposible” que nadie optara, ya que se pedía un equipo de 4 profesionales –entre ellos dos arquitectos y un arqueólogo- que trabajaran en este catálogo durante un año por “solo” 61.000 euros.

Denuncian que el Ayuntamiento de Albacete quiere “demoler para volver a levantar”, en lugar de defender el patrimonio de la ciudad

“El Partido Popular ha querido pagar muy por debajo de lo que se recoge en los convenios establecidos, por un equipo científico que tendrían que realizar un trabajo faraónico durante un año, así que es lógico que no se haya presentado ninguna empresa”, ha asegurado Simón.

Su compañero Héctor García ha ido un paso más allá y ha asegurado que lo que “temen” es que el PP “quiera dejar pasar el tiempo para que no haya catalogación y se propicien otros estropicios para fomentar un crecimiento malentendido”, en el que lo que prime sea “demoler para volver a levantar”.

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En ese pliego se establecía además la elaboración “previa” de una base de datos que recogiera todos los bienes, que irían, según han explicado, desde edificios, yacimientos arqueológicos o bienes artísticos, hasta “patrimonio vivo” con informes técnicos incluidos, para posteriormente aprobar y modificar el Plan de Ordenación Urbana (POM).

El problema ahora, aseguran, es que se juega “contrarreloj” porque en su día se aprobó una licencia para paralizar la demolición de posibles edificios que estarían incluidos en el nuevo catálogo que caduca en un año.

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