Barbacoas en el rellano; tapias de ladrillos en el garaje por miedo a daños en los coches; inseguridad en las escaleras… una convivencia insostenible. Todo eso es lo que están sufriendo decenas de albaceteños en estos momentos que han visto como en su bloque, los ‘okupas’ le han “dado la patada” a la puerta de un piso y se han metido en ellos, saltándose la ley y sabiendo que si van a desalojarlos, la Justicia es tan lenta, que pueden irse a otro lugar sin consecuencias.
Todo esto es lo que ha denunciado el grupo municipal de Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete, donde han presentado una moción para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas, poniendo el acento, no solo en aquellas familias que tiene problemas económicos para poder pagar una casa sino, sobre todo, en los vecinos que sufren a los ‘okupas’.
Carmen Picazo, portavoz del Ciudadanos, ha explicado que en estos momentos existe en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley donde se pide el desalojo de viviendas ilegales desde las comunidades de vecinos, si perturba la convivencia; que haya juicios rápidos para poder recuperar de manera inminente el inmueble mientras dure el proceso y otras medidas contra grupos criminales que obtienen un lucro por subarrendar estas viviendas.
Y esa situación es la que se está viviendo en estos momentos en 70 viviendas de Albacete, de los barrios de San Pedro Mortero, Santa Teresa, San Pablo, Hospital, Medicina y La Milagrosa, según fuentes policiales.
Por eso, han pedido que se cree un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación, que incluya la puesta en marcha una Oficina de Defensa de los derechos de los vecinos afectados por la ocupación ilegal, que coordinará la vigilancia de esos inmuebles e instruirá los expedientes administrativos que sean necesarios, y que garantice más presencia y patrullaje policial.
Esa oficina o Punto de atención –como ha pedido el PP que se denomine- realizaría además un seguimiento sobre las viviendas ocupadas que sirva como prueba en los procesos judiciales y elaboraría en 3 meses un censo “cuantitativo y cualitativo”, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las que están bajo el “dominio de mafias”, de aquellas que ocupan familias y personas por “necesidad”, según ha explicado Picazo, porque “hay amenazas, delitos de daños y graves problemas de convivencia”.
Picazo ha explicado que es “necesario hacer reformas legislativas para proteger a los vecinos”, porque desde el 2011 a 2015 han aumentado mucho los casos, y ha asegurado que la normativa que en estos momentos está en el Congreso, permite y legitima a ayuntamientos como el de Albacete a “desalojar” las viviendas.
“Hay que tomar medidas antes de que el problema vaya a más en Albacete”, ha sentenciado.
Desde el grupo de Ganemos Albacete, han insistido más en la “problemática social” de las familias con serias dificultades, y desde el PSOE, su portavoz Marisa Sánchez, ha tachado la propuesta de una “fachada sin andamiaje” y “poco realista” en aspectos como crear un censo real de viviendas ocupadas.
Por su parte, el concejal de Seguridad, Francisco Navarro, han dicho que “no quieren crear falsas expectativas” con esta moción, porque “no existe la barita mágica para acudir al rescate de personas que sufren la ocupación, y porque las competencias están en el ámbito judicial, pero que seguirán velando por esta problemática en todo lo que puedan”.
Lo que sí impulsaremos será el documento que mejore la coordinación entre los diferentes servicios municipales implicados, como Policía Local o Servicios Sociales. Finalmente esta propuesta ha salido adelante con los votos favorables de Ganemos y de Partido Popular, y la abstención del PSOE.
