El Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2018 incluirá una disposición adicional que mejorará y modificará el Ingreso Mínimo de Solidaridad, de tal manera que se va a «eliminar el parón de tres meses» entre sucesivas renovaciones «en la mayor parte de los casos», y se ampliará la prestación a partir de los 24 meses –periodo en el que actualmente se extingue.
Además, el texto recogerá «exenciones y modificaciones» en determinados servicios educativos como comedores y residencias de estudiantes para todas aquellas personas que cumplan los requisitos del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Igualmente, los afectados contarán con exención de tasas y precios públicos a partir del curso 2018-2019 y tendrán derecho a la utilización de materiales curriculares.
Así lo ha avanzado este lunes la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, durante su comparecencia en las Cortes, donde ha destacado que esas serán algunas de las «primeras medidas» en las que está trabajando su departamento, que van todas en la dirección de avanzar en un proyecto de ventanilla única, que ha definido como «complejo».
Al respecto, ha recordado que el Plan de Garantías habla de renta garantizada, pero hasta que esta se pueda modificar por ley, lo que se modificará es el Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuya base de cálculo también se está analizando para aumentarlo.
Asimismo, ha anunciado que la previsión es que la actualización del Plan de Garantías pase por el Consejo de Gobierno «en próximas semanas». La primera actuación del mismo será la constitución de una comisión de coordinación y seguimiento del Plan, en el que estarán representadas las consejerías de Bienestar Social; Economía, Empresas y Empleo; Educación, Cultura y Deportes; Fomento y el Instituto de la Mujer.
EVALUACIÓN DE MEDIDAS
Bajo la presidencia de la propia Herranz, dicha Comisión se encargará de coordinar todos los programas y medidas del Plan de manera conjunta y realizar un seguimiento de cada una de las prestaciones para «ver cuál es la implantación de cada una de ellas y la evaluación en cuanto a ese seguimiento y la ejecución presupuestaria».
En concreto, según esos departamentos, se analizarán los desarrollos del plan de garantía de suministros del hogar y el Ingreso Mínimo de Solidaridad; los planes de empleo protegido y la formación remunerada; el material curricular, las ayudas al transporte o para estancias formativas en el extranjero; las ayudas al alquiler y las oficinas antidesahucios, o las ayudas a recursos de acogida y ayudas sociales.
Una vez realizado el seguimiento se estará «en disposición de elevar determinadas propuestas de mejora al Consejo de Gobierno», ha precisado la consejera, que ha incidido en que en estos primeros meses era «absolutamente necesario» elaborar un «diagnóstico en profundidad» de la situación en Castilla-La Mancha, para posteriormente ir trabajando en la Ley de Garantías Ciudadanas.
MECANISMO «INTEGRADOR»
Inmaculada Herranz ha recalcado que el Plan de Garantías es «un mecanismo integral e integrador» que pretende dar «respuesta a la sociedad», una sociedad que en los últimos diez años ha sufrido un «fuerte golpe» debido al deterioro de la renta y a los problemas para afrontar el pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos.
Una vez finalizada su intervención, la portavoz de Podemos, María Díaz, se ha interesado por la mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la agilización en la tramitación de ayudas y prestaciones y el plazo previsto para que el Plan de Garantías pase por el Consejo de Gobierno.
Desde el PSOE, el diputado Rafael Esteban, ha preguntado a Herranz por los plazos para llevar a cabo distintas medidas y por las personas que, por parte de las diferentes consejerías, van a formar parte de la comisión de coordinación del Plan, pidiendo finalmente a la consejera que «trabaje para que no se produzca todo lo que hizo el PP» en la región.
«MUCHAS DUDAS» EN EL PP
Finalmente, Cortes Valentín ha repasado todos los «recortes» que se han realizado desde el Ejecutivo autonómico en materia de servicios sociales, analizando los estados de ejecución de 2016; y ha preguntado por el presupuesto de este nuevo departamento «y el de todas las partidas de las que hablan».
Valentín también ha criticado y preguntado el motivo de que la consejera tenga dos despachos –uno en Toledo y otro en Talavera–, expresando las «muchas dudas» que alberga sobre «su papel en el Gobierno» y convencida de que esta es una «Consejería sin oficio pero con mucho beneficio» y de que los integrantes de Podemos «han puesto más cazo que imaginación desde que han venido».
