La plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’ ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha confirmado que el tratamiento de tierras raras en Ciudad Real quedará sujeto a monitorización radiológica al superarse lo límites máximos de riesgo radiactivo.
Tras analizar el contenido del estudio de impacto ambiental presentado por Quantum Minería para las concesiones de explotación ‘Matamulas F1’, ‘Rematamulas-F1’ y ‘Rematamulas-F2’ y en particular el anexo G ‘Estudio del Impacto Radiológico’, el CSN ha señalado que los estudios aportados «no permiten justificar que las actividades laborales relacionadas con el beneficio del mineral sean exentas de control radiológico en la planta de concentrado monacita, mineral a extraer», según ha informado en nota de prensa la plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’.
Respecto a las conclusiones aportadas por Quantum, el CSN ha considerado que «se basan en una modelización de dosis a los trabajadores, que parte de los valores de actividad específica de un número de muestras indeterminado, añadiendo que no se aportan evidencias de que éstas puedan considerarse representativas de los valores máximos de actividad de Uranio y Torio que puedan encontrarse en las diversas zonas de la planta de tratamiento, planta que todavía no existe».
Además el organismo supervisor, en relación con el impacto radiológico al medio natural, ha afirmado que deberá implantarse un programa de vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la instalación, que incluirá controles radiométricos, análisis de aerosoles y de aguas superficiales.
MINIMIZAR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS RADIACTIVOS
Aunque la empresa intenta «minimizar el potencial impacto radiactivo del proyecto asimilándolo en sus respuestas a las alegaciones al producido por un tractor arando», ‘Sí a la Tierra Viva’ ha recordado que serán tratadas «220 toneladas de tierra por hora, obteniéndose 540 kilogramos por hora de concentrado de monacita, equivalentes a más de 12 toneladas al día, que serán transportadas desde la planta de tratamiento y que pasarán, ente otras, por la localidad de Torrenueva, hasta su destino final».
La plataforma ha explicado que estos nódulos de monacita, inicialmente dispersos en el terreno, cuando se extraen poseen una concentración de actividad radiactiva –citada en el propio Estudio de Impacto Ambiental presentado por Quantum– para el Torio (232Th) hasta 6000 Becquerel el kilogramo (Bq/kg) y para el Uranio (238U) hasta 1500 Bq/kg, en total 15 veces superior a los niveles de exención, fijados en 500 Bq/kg en la Guía 11-02 del Consejo de Seguridad Nuclear.
«Por lo que la planta de tratamiento proyectada es definida como una industria ‘Naturally Occurring Radioactive Material’ (NORM), en la que pueden existir incrementos de la exposición a radiaciones ionizantes de los trabajadores, y miembros del público», ha concretado.
UN ESTUDIO DE IMPACTO «MUY DEFICIENTE»
Las conclusiones del Estudio de Impacto Radiológico se basan, en parte, en los datos obtenidos de los trabajos realizados en una planta piloto clandestina en la que Quantum estuvo operando «sin ningún tipo de licencia», ubicada en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva (Ciudad Real), que fue «clausurada por denuncia de la plataforma, por lo que el pequeño tamaño, bajo volumen de material tratado y las condiciones de trabajo no la hacen extrapolables a la planta de tratamiento proyectada, ha concretado la plataforma».
Además, ha indicado que el número de muestras tomadas en el yacimiento –un total de cuatro– y en los alrededores donde se situaría la zona de estériles –dos catas–, son, a su juicio, «claramente insuficientes para tener alguna certeza sobre las concentraciones de elementos radiactivos».
En cuanto a la radiactividad en el agua y los cultivos, los estudios realizados por Quantum, según la plataforma, «se limitan a realizar mediciones en una zona en la que todavía no está instalada la planta de tratamiento y concentración de monacita, ignorando los trabajos científicos internacionales realizados en las cercanías de otras minas de tierras raras que si están en explotación y que llevaron a las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 2 de febrero a aprobar una resolución que reconoce la evidencia científica expuesta en estudios internacionales sobre los efectos negativos de la minería de tierras raras en la salud pública y el medio ambiente».
La plataforma ha destacado un informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), dado a conocer por la Plataforma a principios de este año, en el que se presenta una recopilación de «más de 50 referencias científicas sobre los efectos adversos de este tipo de minería en las personas –los trabajadores y población cercana–, animales y plantas, por la ingestión de agua, polvo y alimentos contaminados con tierras raras».
