El VIII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluye mejoras para estos trabajadores públicos, unos 7.500 en toda la región, como la cobertura urgente de bajas de media y larga duración por Incapacidad Temporal (IT) en servicios de atención directa o «esenciales».
El convenio, que ha entrado en vigor este martes, 10 de octubre, ha sido rubricado con la Administración regional por los sindicatos de CCOO y UGT, que han pormenorizado en una rueda de prensa este miércoles algunas de las novedades en las que han estado trabajando durante dos años.
La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Lola Cachero; la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos (FESP) de UGT, Carmen Campoy; la responsable regional de Personal Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el secretario regional para el Sector Autonómico de UGT, Luis Monforte, han señalado que se trata del «segundo gran acuerdo» que estos dos sindicatos consiguen con la Junta, tras el que alcanzaron en febrero de 2016 para recuperar el 3 por ciento de los salarios de los empleados públicos de la región.
Entre las medidas «importantísimas» que contiene este convenio han destacado la rebaja de los plazos en los que pueden desplazarse del puesto de trabajo por cualquier causa los empleados, quienes además recibirán indemnizaciones por estos desplazamientos –incluidas dietas–, o la recuperación de la posición en las bolsas de trabajo cuando se acabe la prestación de servicios del personal interino por más de un año –antes volvía al último lugar–.
HASTA EL 2021
Este convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021, recoge también la posibilidad de que pueda negociarse para continuar mejorando algunas de las condiciones que se han dejado «en el tintero», como es la falta de «contratos completos» para algunos colectivos de estos profesionales –en favor de contratos parciales–, la definición de las funciones propias de todo el personal laboral o la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
En este sentido, otra de las mejoras conseguida con este convenio es que los relevistas podrán acumular su prestación de servicios por periodos semestrales, que los cambios de turnos a instancias del personal no se negarán por razones de servicio y que la Administración no podrá cambiar los turnos por falta de personal.
Asimismo, se protegerá la maternidad de las empleadas emitiendo un informe preventivo en 72 horas, se tendrá derecho a formación al menos cada tres años o los conductores tendrán regulada su jornada de trabajo y sus descansos.
Este convenio afectará por tanto a alrededor de 7.500 trabajadores de las distintas consejerías de la Junta, de entre las que destacan por el número de trabajadores que tienen la de Educación y la de Bienestar Social. Algunos de los servicios que cubre este personal es el de limpieza, ordenanza, cocina, carreteras, encargados de servicios o auxiliares sanitarios, entre otros.
«Este convenio es mejor que los anteriores, tiene mejoras para 7.500 empleados, mejoras para colectivos que han sufrido en los años de Gobierno del PP, cuando las condiciones laborales empeoraban día a día. Este convenio ampara y recoge la imposibilidad o dificultad de que esto –la pérdida de derechos laborales– se vuelva a producir», ha señalado Carmen Campoy.
