Una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha conocido este viernes las políticas de empleo inclusivo de Castilla-La Mancha, a las que el Gobierno regional está invirtiendo cerca de 13 millones de euros al año en inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto en los centros de empleo como en el mercado ordinario.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, han celebrado un encuentro con una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, según ha informado en nota de prensa la Junta.
«Los colectivos que están en un mayor riesgo de exclusión tienen una especial atención por parte de nuestro Gobierno, con políticas de empleo dirigidas directamente a ellos», ha apuntado la consejera de Economía que también ha reconocido que «una sociedad como la nuestra, no puede permitirse desperdiciar el talento de ninguno de sus integrantes».
UN TOTAL DE 18 PROYECTOS
En relación a las políticas de empleo inclusivo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco ha hecho alusión al CREA, un programa de formación dual que aúna un contrato de trabajo y formación para el empleo en el que se llevarán a cabo 18 proyectos de otras tantas entidades.
De este programa se beneficiarán 159 personas en riesgo de exclusión mediante su contratación por parte de 49 empresas. La cuantía de estas ayudas asciende a algo más de dos millones de euros.
La jornada de los europarlamentarios en Toledo ha comenzado con una recepción en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, y ha continuado con una visita al proyecto de emprendimiento socialmente inclusivo de la Fundación CIEES en el Cigarral El Santo Ángel.
Allí, Patricia Franco ha explicado a la delegación que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha es «especialmente sensible con los que más necesitan de la ayuda de los demás», de ahí la coordinación de las políticas de las áreas de empleo y bienestar social como vía «imprescindible» para que éstas puedan impactar en más personas de la forma «más eficaz».
En este sentido, ha indicado que en el segundo año de la aplicación del Plan Extraordinario por el Empleo se ha puesto en marcha un Plan de Garantías Ciudadanas que tiene al empleo «como la puerta de entrada para el acceso a una renta mínima de los ciudadanos» de Castilla-La Mancha. Así ha explicado que en este momento hay 677 personas beneficiarias del mencionado Plan.
DOS NUEVAS INICIATIVAS
En este orden, la consejera ha avanzado que se van a poner en marcha dos nuevas iniciativas, la primera de ellas consiste en llevar a la práctica un modelo de colaboración bidireccional entre las Oficinas de Empleo y las entidades sin ánimo de lucro especializadas en la intermediación laboral con personas de difícil empleabilidad.
La convocatoria, que se aprobará en el mes de octubre, contará con un millón de euros de inversión, y está previsto que beneficie a 800 personas.
La segunda, ha dicho, es la tramitación de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas a empresas de inserción para la integración laboral de las personas desempleadas en situación de exclusión social. Esta iniciativa contará con una inversión de 300.000 euros.
SOCIAL BUSSINESS FACTORY
Los europarlamentarios y las consejeras del Gobierno regional han conocido el proyecto de la Fundación CIEES, por el que 14 personas con discapacidad llevan adelante un proyecto empresarial con la tutorización de los profesionales de Social Bussiness Factory.
La Fundación CIEES es la promotora de esta incubadora empresarial y el Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con Social Bussines Factory mediante la inclusión de esta iniciativa en la red de entidades homologadas en el marco del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento.
En Castilla-La Mancha hay 93 centros especiales de empleo en los que trabajan más de 3.300 personas con discapacidad. Esta es la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de actividad de personas con discapacidad, un 38 por ciento, por detrás de Madrid y el País Vasco.
La consejera Patricia Franco ha estado acompañada por su homóloga en Bienestar Social, Aurelia Sánchez que ha destacado el grado de colaboración del Ejecutivo autonómico con CECAP. Gracias a esa relación existe un modelo de capacitación socio-laboral del que se benefician 190 personas que se preparan para conseguir un empleo.
