Las ayudas para las y los menores huérfanos por casos de violencia de género previstas en la futura Ley que está ultimando el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que se elevan a 4.000 euros anuales, se extenderán hasta que cumplan la mayoría de edad, y en el nuevo texto se habilitarán mecanismos para que sean las familias de acogida que se hagan cargo de la tutela de estas niñas y niños quienes gestiones estas cuantías.
Según ha considerado Martínez, esta norma «requería una adaptación a las circunstancias actuales», marcadas por una creciente desigualdad entre hombres y mujeres. Además, desde su departamento se entendía necesario incorporar a un texto legislativo otro tipo de violencias de género «que hasta ahora no se tenían en cuenta como otra manifestación de violencia hacia las mujeres».
El principal motivo para impulsar este texto legislativo, ha dicho Martínez, es «conseguir una ley útil, que coordine servicios y que transversalice las actuaciones del Gobierno regional».
Entre los elementos más importantes que contendrá la ley, la directora del Instituto de la Mujer ha destacado su «incidencia en la prevención», ya que la norma «no se detendrá sólo en la asistencia, sino que redundará en prevenir la aparición de distintas formas de violencia».
«Pretendemos actualizar los hitos legislativos ya conseguidos, incidir en la concienciación para evitar más casos y potenciar la prevención», ha explicado.
EN PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
El anteproyecto de ley, que en estos momentos está en periodo de exposición pública, «está siendo muy debatido desde hace casi dos años en un proceso de negociación sin precedentes en el que está recibiendo muchas aportaciones del sector asociativo de Castilla-La Mancha». «Será una ley que recogerá aportaciones y sensibilidades de una gran parte de la población», ha asegurado.
Ahora toca analizar esas alegaciones, derivar el nuevo texto a los servicios jurídicos y continuar con el trámite pasando de nuevo por el Consejo de Gobierno, quien enviará al Consejo Consultivo la propuesta que, una vez reciba el visto bueno, dará el pistoletazo al trámite parlamentario. En cuanto a plazos, Martínez se ha mostrado confiada en que no se retrase mucho más allá del primer trimestre de 2018.
Ha recordado que dentro de la ley se articulará la nueva asignatura de Educación para la Convivencia y la Igualdad, «una materia obligatoria con contenidos educativos en Primaria y Secundaria, que incentivarán la formación en «igualdad, respeto y diversidad, en la línea de lo recogido en el Pacto de Estado por la Violencia de Género».
En este sentido, ha recordado que ya se está impartiendo a modo de pilotaje en centros de las cinco provincias de la región, para lo que se ha creado un grupo mixto de expertas del Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación para ver los contenidos.
BALANCE DE LEGISLATURA
Araceli Martínez ha aprovechado para hacer balance del trabajo de su equipo a lo largo de la legislatura.
«Hemos establecido tres canales de trabajo como vías de acción preferentes. Por un lado, la conceptualización de la violencia de género como manifestación de la desigualdad estructural. Hemos desarrollado estrategia para sensibilización y concienciación, que es uno de nuestros pilares; y hemos puesto en marcha campañas de sensibilización innovadoras», ha resaltado.
Paralelamente, ha detallado, se ha impulsado el trabajo en el ámbito educativo, se ha formado al profesorado y se han implementado programas en el medio rural, entre otras muchas cosas.
