El Gobierno regional aumentará el importe global de los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción hasta un mínimo del 8 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior con el objetivo de favorecer la plena integración de las personas con discapacidad.
Esta modificación se llevará a cabo tras la reunión que esta semana ha mantenido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, con representantes de la Mesa del Tercer Sector para explicarles las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos regionales para 2018.
La reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción de un mínimo del 6 por ciento del presupuesto total de la Administración regional para la contratación de diferentes servicios, que venía establecida en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016, se plasmó en la firma de un convenio el pasado 19 de diciembre entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo en la región (FEACEM-CLM), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha y el Consejo Territorial de la ONCE en la región.
Ahora, vía enmienda, este porcentaje se incrementará hasta un mínimo del 8 por ciento en los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2018, una medida con la que el Ejecutivo regional pretende avanzar en los principios de solidaridad y conseguir una sociedad más justa a través de la contratación pública.
Además, en materia de contratación pública, el Gobierno regional también aprobó el pasado año las cláusulas sociales, que tienen entre sus objetivos facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
En relación con el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que se está tramitando en las Cortes regionales, Ruiz Molina ha trasladado a los representantes de la Mesa del Tercer Sector que estas cuentas tienen como uno de sus principales objetivos avanzar con firmeza en la recuperación del Estado de bienestar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ha informado la Junta en nota de prensa.
Para ello destinan más del 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social, lo que supone un total de 5.197,4 millones. En concreto, el gasto social se incrementa un 3,5 por ciento con respecto a los presupuestos de este año.
Tras la entrada en vigor de los presupuestos para el próximo año, en el área de Servicios Sociales se aumentará la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad, se incrementará el termalismo social y el termalismo terapéutico, se contará con más residencias para mayores y personas con discapacidad, habrá más recursos y profesionales para Teleasistencia y Ayuda a Domicilio y se mejorará el transporte social para personas mayores.
Además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado durante el transcurso de la reunión que el Plan Integral de Garantías Ciudadanas se incrementa hasta los 143 millones y que la inversión en infraestructuras de carácter social en el ámbito de los servicios sociales crece un 56,2 por ciento.
A este encuentro, que tuvo lugar en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por parte de la Mesa del Tercer Sector han acudido la presidenta y el gerente de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo y José Antonio Romero Manzanares, respectivamente; así como el presidente y el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Carlos Susías Rodado y Jesús Rodríguez Ángel.
