En la reunión mantenida con el director general, Izquierda Unida ha planteado las dudas que existían para esta formación en materia de gasto social, «ya que son los presupuestos regionales los que marcan la línea política de hacia dónde quiere ir la región durante el año 2018, y creemos que no se corresponde el discurso del Gobierno regional de grandes cifras de inversión, con las realidades que vivimos la mayoría social en Castilla-La Mancha dónde no se mejoran las ratios de profesores por las plantillas médicas siguen siendo insuficientes», ha manifestado Jorge Vega.
En el análisis que hace IU CLM, cree que se mantienen conceptos imprescindibles para esa mayoría social en manos de entidades privadas que lo alejan de la mejor gestión para la ciudadanía. «En materia sanitaria se mantienen privatizados servicios no sanitarios por importe cercano a los 400 millones de euros, la educación mantiene el mismo porcentaje de gasto que ejercicios anteriores para la privada concertada o sea aumentado el gasto en profesores de religión», ha declarado Txema Fernández.
SUELO INDUSTRIAL PARA AMANCIO PRADA
Además IU CLM no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar su malestar con el gasto de más de 7 millones de euros que va a suponer para nuestra región la Fundación de Amancio Ortega. A cambio de más suelo industrial en Marchamalo, de la provincia de Guadalajara, esta fundación destinará una importante suma de sus fondos privados para la compra de tecnología para detección de cáncer, hecho este que desde IU creemos que debe hacer la administración y no esperar a la buena voluntad de un millonario.
La formación también ha destacado la falta de rigor presupuestario al pagar una deuda de 1.808 millones de euros sin previamente elaborar un trabajo de auditoría que permita asegurar que ese gasto hay que hacerlo de forma obligatoria, o podría usarse para atajar los problemas sociales que tiene esta región situada en el cuarto puesto de pobreza en España.
En definitiva unos presupuestos que continúan manteniendo demasiados servicios privatizados y que introducen conceptos benéficos que son impropios de un gobierno que trabaje para la mayoría social.
