El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha lamentado este miércoles el «recorte» por parte del Ministerio de Educación del número de auxiliares de conversación durante este curso escolar 2017/2018 en unas 50 personas de las que corresponden, mientras que el Ejecutivo autonómico ha mantenido los 115 auxiliares de su cupo.
En rueda de prensa, Hernando ha señalado que el Consejo de Gobierno de esta semana ha analizado un informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre los datos correspondientes al Programa de Auxiliares de Conversación que se han incorporado al curso escolar 2017/2018 en los centros educativos de la región y que, según ha detallado el portavoz, Nacho Hernando, ascienden a un total de 137 auxiliares, frente a los 185 que había el pasado año, tras la reducción del Ministerio.
«Nosotros sí apostamos por mantener y ampliar la educación pública, sí apostamos por un sistema de plurilingüismo equitativo e igualitario; y apostamos por un reparto de los recursos que permita que las regiones más humildes podamos igualarnos a las demás, que podamos converger y podamos tener las mismas oportunidades en la educación, es el ascensor social, lo que permite a cada familia en España tener la misma oportunidad», ha incidido Nacho Hernando.
Según ha adelantado, este asunto y otros serán tratados en el grupo de trabajo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para «reunir todas estas reivindicaciones y mejoras al sistema educativo nacional» y será una de las cuestiones que la región planteará en el marco del Pacto Educativo nacional.
VIVIENDAS PARA MAYORES
De otro lado, el Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de un informe que sitúa a Castilla-La Mancha como la Comunidad Autónoma con mayor número de viviendas para mayores del país y con más plazas de financiación pública en viviendas de España, según los últimos datos publicados por el IMSERSO en el mes de junio de 2017.
Según ha informado la Junta, Castilla-La Mancha cuenta con 155 viviendas con financiación pública, con unas 1.500 plazas, y un presupuesto de 3,78 millones de euros en 2017. De ellas 153 son en colaboración con los ayuntamientos y dos con entidades sociales en Torrijos (Toledo) y Anchuras (Ciudad Real).
El portavoz ha denunciado que en la anterior legislatura quedaron fuera de la red pública 22 viviendas, bien porque fueron cerradas o bien porque el anterior Gobierno les retiró la financiación. En 2016, el Gobierno del presidente García-Page incorporó seis nuevas viviendas a la red pública y antes de que finalice este año está prevista la incorporación de nuevas viviendas a la red.
La ocupación de la red de viviendas de mayores supera en estos momentos el 80 por ciento, con 1.160 residentes aproximadamente, y proporciona trabajo a 470 profesionales, «algo fundamental para fijar población en las zonas rurales», ha subrayado el portavoz del Ejecutivo autonómico. Además, más de 400 usuarios también disfrutan de servicios auxiliares de las viviendas como servicios de comedor, comidas a domicilio, lavandería, acompañamiento, sin necesidad de residir en la vivienda.
NUEVO SISTEMA DE PAGO PARA LAS ENTIDADES SOCIALES
Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional ha recordado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles una convocatoria de ayudas a entidades sociales para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de personas con discapacidad, dotada con 46,5 millones de euros.
La convocatoria incorpora como novedad que a partir de 2018 las asociaciones tendrán pagos mensuales por los servicios que prestan, «contribuyendo así a estabilizar el funcionamiento de estas entidades desde el punto de visto financiero», ha remarcado Hernando.
Este nuevo sistema de pagos se pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero y evitará que estas entidades tengan que pedir préstamos o pólizas de crédito para poder financiar los servicios que prestan a este colectivo. Podrán concurrir a estas ayudas más de 160 entidades de la región y de ellas, más de 120 desde centros residenciales, centros de día y centros ocupacionales que trabajen en el ámbito de la discapacidad.
