El número de empleados públicos en la Administración Pública Estatal disminuyó en 59.449 efectivos entre enero de 2012 y enero de 2017, lo que supone una reducción del 10,2 por ciento de la plantilla en el periodo, según datos del Registro Central de Personal. En Castilla-La Mancha ha descendido hasta los 17.611, un 9,8 por ciento menos.
Estos datos han sido trasladados por el Gobierno en su respuesta a la pregunta escrita realizada por los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y María Jesús Serrano sobre el número de empleados de la Administración General del Estado (AGE) desde 2011 hasta la fecha.
En concreto, el número de efectivos de la Administración del Estado ha pasado de los 581.861 empleados en enero de 2012 a contar con 522.412 trabajadores en enero de este año, lo que supone una reducción del 10,2 por ciento. En la primera legislatura de Mariano Rajoy (enero 2012-enero 2016) concretamente, la plantilla del Estado se redujo un 9,3 por ciento, al disminuir en 54.060 empleados en esos cuatro años.
De la reducción de 59.500 efectivos en los últimos cinco años, la mayor parte se registró en la Administración General del Estado (AGE), que pasó de 234.685 efectivos en 2012 a 206.706 este año, un 13,5 por ciento menos, mientras que en otros departamentos de la Administración del Estado se contrajo un 9 por ciento, pasando de 347.176 en 2012 a 315.706 este ejercicio.
Dentro de la AGE, la plantilla de los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad contaba en enero de este año con 188.506 empleados, un 12,6 por ciento menos que en enero de 2012; la de las agencias estatales con 14.699 empleados públicos, un 8,3 por ciento menos en el periodo, y la de las instituciones sanitarias de Defensa con 3.501, por lo que subió en cambio un 17 por ciento en esos cinco años.
Por su parte, entre los otros órganos de la Administración pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han visto disminuida su plantilla un 6,3 por ciento, hasta 138.883 efectivos; en las Fuerzas Armadas se ha reducido un 5 por ciento, hasta 120.648 empleados, mientras que la Administración de Justicia ha bajado solo un 1 por ciento, hasta 24.424 efectivos.
BAJA UN 15% EN CATALUÑA
A su vez, el número de empleados en las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico ha caído un 33 por ciento, hasta los 31.751 efectivos.
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid suma 151.549 empleados del Estado, un 11,5 por ciento menos que en 2012, seguida por Andalucía, con 84.919 efectivos (-10 por ciento); Castilla y León, con 35.697 (-13 por ciento); la Comunidad Valenciana, con 35.018 (-10,6 por ciento); Galicia, con 27.619 (-7,3 por ciento); Cataluña, con 25.989 (-15,2 por ciento); Canarias, con 23.941 (-4,5 por ciento) y Aragón, con 21.817 efectivos (-8 por ciento).
A continuación se sitúan Castilla-La Mancha, que ha reducido su número de efectivos de la Administración Pública Estatal un 9,8 por ciento, hasta 17.611 empleados; Murcia, con 16.677 empleados (-5,8 por ciento); Extremadura, con 13.720 (-1,6 por ciento); País Vasco, con 11.075 (-17,6 por ciento); Islas Baleares, con 10.429 (-8,3 por ciento); los efectivos del extranjero, con 9.564 (-2,2 por ciento); Asturias, con 9.060 (-16 por ciento); Melilla, con 8.904 (-5 por ciento), Ceuta, con 7.738 (-8,2 por ciento).
Las tres regiones con un menor número de efectivos de la Administración estatal son Cantabria, con 4.649 empleados, un 14,4 por ciento menos que en 2012, Navarra, con 4.231 empleados (-9,9 por ciento) y La Rioja, con 3.015 efectivos (-10,3 por ciento).
Hacienda suscribió con los sindicatos el pasado 29 de marzo un acuerdo para la mejora del empleo público, con el objetivo de estabilizar a 250.000 interinos hasta 2020, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de Sanidad (129.700), Docencia (98.807) y Administración de Justicia (8.564). Con ello se lograría reducir la tasa de temporalidad en el sector público hasta el 8 por ciento en tres años.
En las negociaciones sobre empleo público que Hacienda mantiene con sindicatos, se estaría próximo a un acuerdo que pasaría por un incremento de la tasa de reposición del 100 por ciento en los sectores prioritarios y pasar del 50 por ciento actual al 75 por ciento en el resto de sectores, según informaron fuentes sindicales.
Además, se elevaría al 115 por ciento la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se sumaría un 5 por ciento adicional de disposición libre, al tiempo que las plazas de promoción interna no computarían en la tasa de reposición.
A finales de noviembre los empleados públicos se manifestaron, convocados por CCOO y UGT, para recuperar los derechos sustraídos durante la crisis a los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) y advirtieron de que convocarán más movilizaciones por el empleo público en general si no obtienen respuesta del Gobierno y si no se llega a un acuerdo.
Las organizaciones sindicales cifran la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en un 14 por ciento desde 2009, pese a que hay colectivos que han tenido mayores pérdidas. Además, para equilibrar la situación con la anterior a la crisis, serán necesarias, según los sindicatos, unas 25.000 plazas en la AGE.
