El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha señalado que hay que «considerar a la financiación como fuente fundamental de la desigualdad social» que hay en España, donde existe una diferencia de hasta 31 puntos porcentuales entre unas comunidades y otras respecto a la tasa de riesgo de pobreza.
Así se ha pronunciado Carlés en el pleno extraordinario que se ha llevado a cabo en las Cortes de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza, donde ha recordado los datos del VII informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016’, realizado por EAPN-España, y que cifra en un 37,9% el porcentaje de castellano-manchegos que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
«Son cifras bastante superiores a la media nacional, donde esta tasa es del 27,9 por ciento. Somos la tercera región de España con peores datos y, además, el 7,7 por ciento de las personas residente en Castilla-La Mancha sufre pobreza severa. Cifras que están muy lejos de alcanzar el objetivo de la estrategia de la UE en la lucha contra la pobreza hasta el año 2020», ha lamentado el presidente de EAPN en la región, al tiempo que ha señalado que el objetivo de España de reducir la pobreza en 1,5 millones de personas «no se cumple».
Antes de la intervención de Carlés y de que subieran al estrado diversos representantes de entidades sociales de la región, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha manifestado, acorde a los datos conocidos sobre la tasa de riesgo de pobreza, que «queda mucho trabajo por hacer y que la pregonada mejoría de la macroeconomía no se traslada tan rápido a la economía de los bolsillos, de los ciudadanos».
4 DE CADA 10 CASTELLANO-MANCHEGOS
Así, Fernández Vaquero ha realizado un discurso citando a personalidades como el filósofo polaco Zygmunt Bauman o el exsecretario de las Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan, en el que ha mostrado su pesar por que 4 de cada 10 castellano-manchegos estén en riesgo de pobreza, 773.000 personas, y ha apostado por incorporar «el compromiso de la lucha por la dignidad de los seres humanos» en «la agenda política de los gobiernos y los parlamentos» de todas las comunidades autónomas.
«En estos tiempos, en los que desgraciadamente en España estamos preguntándonos continuamente qué somos y qué queremos ser, obligatoriamente tenemos que tener tiempo también para preguntarnos qué queremos hacer y qué podemos hacer para, entre otras cosas, luchar contra la pobreza y la exclusión social», ha reivindicado el presidente del Parlamento regional.
Después de la intervención de Fernández Vaquero y de Carlés, han tomado la palabra José Fernández, representante de EAPN en Castilla-La Mancha; José Pardo Vázquez, representante de la Asociación Socioeducativa Llere; Josefa Quijada, de la Fundación Cepaim, y Marilou Alfonso Sifontes, también de la Fundación Cepaim.
Todos ellos han reivindicado el cumplimiento de diversos derechos sociales y la no discriminación de la sociedad por la heterogeneidad de factores culturales, religiosos o lingüísticos, así como para facilitar el acceso a la educación, la defensa de los menores o la consecución un pacto de Estado que no permita las continuas modificaciones de estas leyes.
Tras finalizar estas intervenciones Carlés ha entregado a Vaquero el informe elaborado por esta entidad y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha cerrado el acto defendiendo el papel del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las entidades sociales que integran EAPN en la lucha contra la pobreza.
«LA PARTICIPACIÓN ES CLAVE»
Asimismo, Sánchez ha incidido en algunas de las medidas que incluye la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad de Castilla-La Mancha que ha presentado este martes y que contará con más de mil millones de presupuesto y se desarrollará desde el presente año hasta el 2020. «La participación es clave» en los procesos de puesta en marcha de estas políticas, ha manifestado.
En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha valorado también el trabajo que están realizando junto a la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, y el resto de consejerías ya que, ha puntualizado, es «una tarea de todos» poder paliar las cifras que manifiestan el crecimiento de la tasa de pobreza en la región.