Los sindicatos CCOO y UGT han aplaudido este miércoles tanto la ampliación del plan de empleo como la nueva oferta de empleo público anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región, aunque le han pedido «un punto más de calidad» al respecto.
En este sentido, el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, ha considerado que este nuevo plan de empleo tiene que ser «mucho más» que eso y que «debe ser un plan para rescatar a las familias de la región que no tienen recursos que llevarse a la boca».
«Nos gustaría que viniera acompañado por el desarrollo de una ley para garantizar una renta mínima básica para cualquier ciudadano que no pueda acceder a un puesto de trabajo», ha apuntado, para señalar que «seguiremos y tendremos que seguir hablando de este tipo de políticas».
Sobre la oferta de empleo pública anunciada por el presidente regional, De la Rosa ha indicado que se trata de «una muy buena noticia», aunque ha añadido que a CCOO le gustaría que viniera acompañada de un control suficiente para evitar la precarización en el empleo.
VARIAS PETICIONES
De su parte, el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha trasladado a García-Page varias peticiones respecto a la oferta de empleo anunciada, para señalar la importancia de mantener la calidad en la gestión de las bolsas de trabajo.
Además, tras destacar la importancia de algunas de las medidas anunciadas en el ámbito laboral, ha señalado que hay que dar «un paso más» en materia de seguridad y salud en el trabajo de forma «urgente e imperiosa» de la mano de los agentes sociales.
También ha reconocido Pedrosa la «sensibilidad» del presidente al anunciar la gratuidad de los medicamentos para algunos colectivos, pero le ha solicitado que se tenga en cuenta la situación que atraviesan los parados que carecen de ingresos y «tienen dificultades para comprar una caja de aspirinas».
Por último, ha trasladado de parte de UGT su «solemne compromiso» en estar del lado del Ejecutivo castellano-manchego para exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos adquiridos en «déficit» en materia de infraestructuras, especialmente en lo relacionado con el agua.
